LA VERDAD SEA DICHA
Los regidores…también
Por Guillermo Hurtado Aviña
En la columna anterior hice mención de la forma ilegal en que los diputados hacen lo que ellos dicen que es gestión social, pero no son los únicos que tienen la costumbre de gastar dinero del erario con fines personalísimos disfrazados de ayuda al prójimo.
En efecto, al principio de esta administración municipal se dio a conocer que los regidores recibirían una partida presupuestal de sesenta mil pesos cada mes, dizque para realizar la gestión social que les está asignada.
Tratando de que los regidores explicaran públicamente qué entendían por gestión social, y dijeran si consideraban correcto que pretendieran hacer un trabajo que le corresponde a la dependencia de Atención Ciudadana o Desarrollo Social, la cual cuenta con un presupuesto para ayudar a la gente necesitada, les hice entrega de una invitación para que tratáramos el tema públicamente en el lugar que ellos escogieran.
Mencioné en esa invitación que consideraba que esa gestión social a que se hace referencia, no estaba establecida en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y que por lo tanto resultaba ilegal que aceptaran ese dinero y que, además, era necesario dejar en claro el concepto que ellos tenían de gestión social.
Al día siguiente el regidor independiente Cristian Vázquez, se comunicó conmigo telefónicamente para decirme que estaba de acuerdo en mi afirmación, en el sentido de que la gestión social de un regidor no consistía en regalar cosas a la gente necesitada, sino en hacer las diligencias necesarias para que la autoridad correspondiente asistiera al necesitado y que por ello no dispondría de ese dinero; que lo donaría a una institución que ayudara a los jóvenes. ¿Qué le parece?, me preguntó.
Mal, le respondí, si estás de acuerdo en que ese dinero no te corresponde, no puedes donarlo a nadie, pues estarías disponiendo de ese dinero que no es tuyo; lo correcto es que lo devuelvas a tesorería. ¡Gracias!, me dijo, eso voy a hacer; pero estoy seguro de que no lo devolvió. Ya mero.
La gestión social, lo dije en la columna anterior, consiste en hacer diligencias para que la autoridad a quien corresponda preste ayuda al necesitando, definición que los regidores no conocen… ni quieren conocer.
La Ley del Régimen Municipal publicada en 2001, no menciona en su artículo 9 la gestión social como atribución de los regidores, pero ¡oh milagro! el 9 de junio de 2018 se reformó ese artículo 9 para decir en su fracción I, “… la gestión comunitaria, de conformidad con lo que al efecto establezca la reglamentación interna del Ayuntamiento”, es decir, ahora sí, a partir de 2018, le concede la atribución para practicar la gestión social, aun cuando no define qué debe entenderse por ello, definición que sí hace la Ley Orgánica del Congreso.
Otra vez ¡oh milagro!, MARCO NOVELO OSUNA, tratando seguramente de que los sesenta mil pesos que se otorgan a los regidores cada mes, tuvieran un sustento legal, hizo lo necesario para abrogar –dejar sin efecto- el Reglamento de la Administración Pública, vigente desde 2008 y en su lugar, con fecha primero de enero de 2017, inició su vigencia el nuevo Reglamento de la Administración Pública, justo cuando empezaba “su trineo”, en cuyo artículo 205 establece que “…así también, contarán con una partida presupuestal que les permita desarrollar actividades de asistencia y gestión social”, con el inconveniente de que a quien tuvo el arrojo de aventarse esa puntada, se le olvidó, o no supo, definir lo que debía entenderse como ASISTENCIA Y GESTIÓN SOCIAL.
La gestión social repito, no consiste en que el regidor, en este caso, saque dinero de su bolsillo para ayudar al necesitado.
Finalmente, si en verdad existe honestidad y decencia en nuestros regidores, deberán demostrarlo renunciando a ese dinero. Estoy seguro que lo van a hacer. ¿verdad que sí?
En efecto, al principio de esta administración municipal se dio a conocer que los regidores recibirían una partida presupuestal de sesenta mil pesos cada mes, dizque para realizar la gestión social que les está asignada.
Tratando de que los regidores explicaran públicamente qué entendían por gestión social, y dijeran si consideraban correcto que pretendieran hacer un trabajo que le corresponde a la dependencia de Atención Ciudadana o Desarrollo Social, la cual cuenta con un presupuesto para ayudar a la gente necesitada, les hice entrega de una invitación para que tratáramos el tema públicamente en el lugar que ellos escogieran.
Mencioné en esa invitación que consideraba que esa gestión social a que se hace referencia, no estaba establecida en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y que por lo tanto resultaba ilegal que aceptaran ese dinero y que, además, era necesario dejar en claro el concepto que ellos tenían de gestión social.
Al día siguiente el regidor independiente Cristian Vázquez, se comunicó conmigo telefónicamente para decirme que estaba de acuerdo en mi afirmación, en el sentido de que la gestión social de un regidor no consistía en regalar cosas a la gente necesitada, sino en hacer las diligencias necesarias para que la autoridad correspondiente asistiera al necesitado y que por ello no dispondría de ese dinero; que lo donaría a una institución que ayudara a los jóvenes. ¿Qué le parece?, me preguntó.
Mal, le respondí, si estás de acuerdo en que ese dinero no te corresponde, no puedes donarlo a nadie, pues estarías disponiendo de ese dinero que no es tuyo; lo correcto es que lo devuelvas a tesorería. ¡Gracias!, me dijo, eso voy a hacer; pero estoy seguro de que no lo devolvió. Ya mero.
La gestión social, lo dije en la columna anterior, consiste en hacer diligencias para que la autoridad a quien corresponda preste ayuda al necesitando, definición que los regidores no conocen… ni quieren conocer.
La Ley del Régimen Municipal publicada en 2001, no menciona en su artículo 9 la gestión social como atribución de los regidores, pero ¡oh milagro! el 9 de junio de 2018 se reformó ese artículo 9 para decir en su fracción I, “… la gestión comunitaria, de conformidad con lo que al efecto establezca la reglamentación interna del Ayuntamiento”, es decir, ahora sí, a partir de 2018, le concede la atribución para practicar la gestión social, aun cuando no define qué debe entenderse por ello, definición que sí hace la Ley Orgánica del Congreso.
Otra vez ¡oh milagro!, MARCO NOVELO OSUNA, tratando seguramente de que los sesenta mil pesos que se otorgan a los regidores cada mes, tuvieran un sustento legal, hizo lo necesario para abrogar –dejar sin efecto- el Reglamento de la Administración Pública, vigente desde 2008 y en su lugar, con fecha primero de enero de 2017, inició su vigencia el nuevo Reglamento de la Administración Pública, justo cuando empezaba “su trineo”, en cuyo artículo 205 establece que “…así también, contarán con una partida presupuestal que les permita desarrollar actividades de asistencia y gestión social”, con el inconveniente de que a quien tuvo el arrojo de aventarse esa puntada, se le olvidó, o no supo, definir lo que debía entenderse como ASISTENCIA Y GESTIÓN SOCIAL.
La gestión social repito, no consiste en que el regidor, en este caso, saque dinero de su bolsillo para ayudar al necesitado.
Finalmente, si en verdad existe honestidad y decencia en nuestros regidores, deberán demostrarlo renunciando a ese dinero. Estoy seguro que lo van a hacer. ¿verdad que sí?
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