EL DERECHO DESDE OTRAS PERSPECTIVAS

“El Chapo” Guzmán y el limitado combate a la corrupción en México

Por Dra. Lizbeth Padilla Sanabria*
sábado, 20 de julio de 2019 · 00:00

Noticia de hoy en un diario norteamericano:
“Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, the notorious leader of a Mexican drug cartel who spent decades on the run from authorities, was sentenced by a federal judge to spend the rest of his life in an American prison”.

Se los traduzco:
“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, el máximo líder de los cárteles de droga mexicano, quien en múltiples ocasiones evadió la acción de la justicia, fue sentenciado por un juzgado federal norteamericano a pasar el resto de su vida en una prisión norteamericana”.

Lo peor del caso es que exhiben al Gobierno mexicano y a las autoridades mexicanas como corruptas e incapaces de realizar su trabajo en contra de estos cárteles; y por supuesto, en el video que verán en el enlace indican que ES UN TRIUNFO DEL PUEBLO AMERICANO Y EN MEMORIA DE TODAS AQUELLAS FAMILIAS QUE SUFRIERON A CAUSA DE LAS ADICCIONES COMETIDAS POR ESTE CÁRTEL.

Lo grave es que en México no hemos podido combatir la corrupción por un Segundo, que nuestras agencias anticorrupción carecen de elementos materiales y humanos para conformar las carpetas de investigación; y además no hay presupuesto para ello.

Siendo la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia organizada delitos que se persiguen extraterritorialmente, la violencia la seguiremos viviendo en casa y los triunfos, así como el dinero producto de estos ilícitos, se los agenciarán estados extranjeros si no nos concientizamos de la labor humana y material que se requiere para perseguirlos y lograr sentencias condenatorias en nuestro país.

En ese sentido, las acciones que está realizando el Gobierno de la República con respecto a la investigación y el procesamiento de diversos servidores públicos y/o particulares con base en posibles ilícitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero, son de suma importancia, pues la recuperación de los activos se logra a través de la legalidad y de aplicación correcta de sus procedimientos sin violar derechos humanos.

Debemos entender como país que la convencionalidad forma parte de nuestro derecho y que vivimos en una globalización legal; por ello “El Chapo” Guzmán fue procesado y sentenciado conforme a las normas jurídicas estadounidenses, aunque el pueblo mexicano haya sufrido las consecuencias de violencia de los cárteles.

Un ejemplo de ello es la lucha global anticorrupción, pues la convencionalidad permite la injerencia de otros estados en aquel en donde se llevan a cabo los ilícitos, siempre y cuando formen parte de los tratados internacionales. México ratificó en el 2005 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en el artículo 41, numeral 11 prevé la intervención de otros estados en las investigaciones y procesos incluso extranjeros; es más, hasta podrían vigilar los procesos legales domésticos. El problema radica en la funcionalidad de los procesos locales, pues si en México somos incapaces de lograr sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, otros estados estarán al acecho para intervenir en los procesos y hacer suyos los capitales resultado de dichos ilícitos.

En México básicamente se requieren dos cosas: combatir la corrupción y recuperar activos; y a su vez estos elementos van acompañados del reconocimiento judicial operativo entre todas las autoridades encargadas de ambos planos, de la conciencia sobre el daño social que nos causa la corrupción y, por supuesto, de una capacitación constante y de calidad hacia nuestra ciudadanía y nuestros servidores públicos.

Me parece que la austeridad en estos rubros debe esperar: se debe invertir lo necesario en el combate a la corrupción, nuestros servidores públicos operativos deben tener condiciones excelsas a nivel económico y laboral y la normatividad jurídica debe ser acorde en cuanto a castigos y premios en ese sentido. Solo así seremos un país digno de combatir a la corrupción y de castigar a nuestros delincuentes sin que otros estados utilicen la injerencia jurídica para enriquecerse a costa de nuestro decadente sistema jurídico operativo anticorrupción.

*Doctora en Derecho por la UNAM
padilla_liz_2@hotmail.com

Comentarios