Crisis en los Tribunales Agrarios

Imperdonable e injustificable la reducción del presupuesto en los Tribunales Agrarios. Incluir al órgano de impartición y administración de justicia agraria en el mismo rasero de austeridad republicana que al resto de la administración pública, es desconocer el origen y causa de la lucha armada de mil novecientos diez. Hace una semana amanecimos con la desagradable sorpresa que los empleados del Tribunal Agrario, si bien estaban presentes en sus lugares de trabajo, estaban en “huelga de brazos caídos”; ello con justificada razón, porque les redujeron bonos de despensa y viáticos, entre otras prestaciones. Desde luego, no son funcionarios de primer nivel, ni Magistrados, sino “los de más abajo”, los que hacen posible que todo el “engranaje” de justicia agraria funcione, actuarios, secretarias, auxiliares administrativos y otros. Son trabajadores que merecen respeto y dignidad en sus derechos humanos. Finalmente quien resiente de manera indirecta, pero con enormes repercusiones, son los campesinos, los justiciables que acuden a pedir justicia en lo que consideran sus derechos vulnerados.

En la revolución mexicana, además de luchar por incrementar el nivel de bienestar y de sus familias y un pedazo de tierra para trabajar, los campesinos exigían justicia honesta, pronta y expedita, la cual en los tribunales civiles de aquella época, no encontraban, porque estaba vendida a los poderosos; por eso al concluir la lucha armada, la ley agraria de mil novecientos quince, la primera del siglo, producto de la revolución, no ubicó a los órganos de impartición de justicia agraria en el poder judicial, donde verdaderamente corresponden, sino en el poder ejecutivo, donde permanecen actualmente , aunque viole el principio de división de poderes. Ello ante el temor de que las reminiscencias del poder judicial corrupto de aquella época, pudiera hacer nugatoria la justicia para los rurales, quienes habían ofrendado su vida por un México mejor y que sus familias vivieran bien. El iniciador de la revolución, Emiliano Zapata, tuvo precisamente esa motivación, la restitución de tierras a su pueblo, en el estado de Morelos, varias generaciones habían sucumbido sin lograr que sus tierras fueran devueltas, porque los empresarios poderosos tenían comprada la justicia. Así detonó la lucha agrarista; por eso pretender restarle importancia y tratar a los Tribunales Agrarios como cualquier otra dependencia de la administración pública, es faltar al respeto a los campesinos.

Es grave la frivolidad con la que se conducen algunos funcionarios, soslayando la importancia del desarrollo agrario, dentro de lo cual la impartición de justicia es premisa. No solo no deben reducir el presupuesto, sino incrementarlo sustancialmente, para atender correctamente a los justiciables agrarios. No hay personal suficiente, lo que lleva a retrasar las sentencias años, aun cuando la ley obliga a no exceder de veinte días en la emisión de una sentencia. En Ensenada se vive el extremo del abandono y desprecio a los campesinos, desde hace dos años no hay Magistrado Titular, solamente suplentes que cada mes viene durante cinco días a interrumpir término. Los problemas internos del Tribunal Superior Agrario no deben afectar la impartición de la justicia a los campesinos. La paciencia tiene un límite, como la tuvo el pueblo de Zapata, que finalmente encontró solamente una salida en el callejón donde lo ubicó el camino de la iniquidad. Los funcionarios son pasajeros, los campesinos siempre estarán ahí.

*El autor es abogado especialista en derecho agrario.

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