Ponerse de acuerdo

Durante las últimas semanas se ha presentado un diferendo entre el Gobierno Municipal y las empresas establecidas en El Sauzal de Rodríguez.

Hay asentadas en el lugar pesqueras que tienen muchos años, más de 30 y otras dedicadas a la logística a propósito del movimiento portuario que se tiene que dar más allá del recinto debido a las necesidades de espacio.

Es más, la propia Administración Portuaria Integral de Ensenada tiene un terreno que adquirió en la zona para llevar más allá de la zona marítima, el movimiento de contenedores y carga que va y viene de varios estados hacía o desde el exterior del país.

Como debe entenderse, el Gobierno Municipal está para meter el orden y aplicar todos los ordenamientos que existen para que las empresas operen respetando los espacios establecidos en los programas rectores del desarrollo urbano, si no lo hiciera estaría incurriendo en una falta.

Por su parte las empresas deben cumplir con los ordenamientos y si no están debidamente sustentados los requisitos requeridos, acercarse a la autoridad para que ésta, en base a lo sustentado en Ley, haga de su conocimiento cuáles son los pasos a seguir para cumplir con las normas en un tiempo perentorio so pena de sanción.

Por otra parte, están los vecinos que tienen sus derechos, mismos que deben quedar a salvo una vez que la autoridad intervenga y previo derecho de audiencia a todas las partes, dictamine lo procedente y haya agotado todos los medios para que el derecho de unos no atropelle el de otros.

En caso de diferendo, es justo cuando la buena política debe hacer su parte, con la sola y única aplicación de la Ley y las capacidades conciliadoras de la autoridad, que tiene el deber de armonizar la relación entre los ciudadanos y las empresas de la comunidad.

Permitir intereses ajenos o intervenciones interesadas en sacar provecho ilícito o inmoral a partir de conflictos artificiales, no es un buen mensaje para la inversión privada.

Y no se trata de estar a favor de los empresarios que tienen sus medios y sus abogados para defender sus intereses.

De lo que se trata es de ser consciente de las consecuencias de que por una actuación apresurada y al calor del conflicto, la autoridad deje sin empleo a cientos, quizá miles de personas solo para que unos cuantos resulten beneficiados.

Treinta o cinco años establecido en un lugar genera derechos, los mismos que tienen vecinos y empresas.

Bien valdría la pena que se todos sentaran juntos en una mesa de trabajo para dialogar y encontrar una solución responsable, sana, y si hay algo que corregir o compensar que se compense o corrija, pero no alentar el conflicto en un momento en que la situación de la economía ya de por si es muy delicada.

¡Ojalá!