Costosa duplicidad

La gran reforma política que requiere el país desde hace 20 años implica la eliminación de los institutos y tribunales estatales electorales, dada la duplicidad de funciones ahora que los comicios locales y federales son concurrentes, o sea, que se llevan a cabo en la misma fecha.

Además, se debe desaparecer el financiamiento público que cada entidad le otorga a los partidos con registro, toda vez que ya reciben dinero del Instituto Nacional Electoral (INE).

La organización de las elecciones las puede asumir por completo el INE, en virtud que dispone de personal y oficinas en los 300 distritos electorales federales en que se divide el territorio nacional, lo que hace innecesario la operación de los órganos locales y sus respectivos tribunales, porque sus tareas ya la realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior significaría un enorme ahorro económico que permitiría a los estados de la república destinar esos recursos para apoyar financieramente a los ayuntamientos y mejorar, entre otras cosas, la prestación y calidad de los servicios públicos.

Otra reforma que se necesita, es la que permita votar a través de dispositivos digitales para evitar la impresión de millones de boletas y la fabricación de urnas, mamparas y tinta indeleble, que de paso evitaría la contratación de capacitadores y empleados temporales.

Sin embargo, hay otros rubros en los que se tiene que revisar los montos que se asignan al interior del INE, porque hay 121 funcionarios de primer nivel en ese organismo que ganan más que el presidente de la república, y representan alrededor de 300 millones de pesos anuales del presupuesto que ejercen.

En esa lista están el secretario ejecutivo, directores generales, secretarios técnicos, directores de área, coordinadores generales, jefes de oficina, secretarios particulares y algunos vocales de juntas locales.

Para el próximo año, el organismo electoral solicita para esos funcionarios 267 millones 434 mil pesos en salarios, y 45 millones 284 mil para gratificaciones de fin de año, cifras similares a las ejercidas este año.

Diez consejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, presidente del consejo general, tienen un sueldo neto mensual de 179 mil pesos, mientras el del presidente se ubica en 112 mil pesos al mes.

El único que se ajustó el salario fue el consejero Martín Faz, quien gana y mantendrá un sueldo de 111 mil pesos mensuales.

De acuerdo con el presupuesto 2021 y el proyecto para 2022, todos los consejeros tienen un sueldo bruto anual de 2 millones 647 mil pesos, al que se suma la gratificación de fin de año por 449 mil 636 pesos y una prima vacacional de 16 mil 345 pesos.

En prestaciones del ISSSTE, FOVISSTE, seguro de gastos y ahorro para el retiro se agrega un millón 215 mil pesos.

En enero de 2020, anunciaron que abrirían una investigación de oficio para determinar si la alta burocracia del organismo viola la Constitución al mantener sueldos superiores al del presidente, en un intento de revocar el manual de remuneraciones del organismo, pero no informaron si cumplieron y cuáles fueron los resultados o las acciones legales.