En el gobierno de Marina, van sobre Salomón Faz y Diego Partida

Por lo visto, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda (y la propia mandataria electa) ya se cansó de esperar y callar, y decidió levantar la voz, y a pocos días de la visita -a Baja California- del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, lanzó amenazas sobre dos de las figuras de primer nivel del gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

En un par de cartas, con lenguaje obviamente dictado -o escrito- por abogados, funcionarios de primer nivel del gobierno de Ávila Olmeda, se dirigen también a dos de los colaboradores cercanos del gobernador Jaime Bonilla, como son su secretario del Agua, Salomón Faz Apodaca y Diego Partida Mercado.

A ellos les exigen actuar en los temas que más preocupan, en estos momentos, al gobierno entrante y les advierten -o prácticamente les amenazan- con acciones legales y políticas, en caso de continuar en sus actuales posturas.

Uno de esos temas que interesan al equipo de transición, tiene que ver con la deuda que, según la Comisión Federal de Electricidad, Baja California tiene con esa paraestatal, y el otro, es el relativo a la transición que deben hacer en torno a las comisiones estatales de servicios públicos.

En el primero de los temas, es el coordinador general de las comisiones de enlace de la autoridad entrante, y próximo secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien envió una carta a Luis Salomón Faz Apodaca, secretario del Agua.

Aquí hay que hacer notar que Faz Apodaca fue su compañero de gabinete, en virtud de que Zavala participó como secretario de Educación en el gobierno de Jaime Bonilla.

En la carta firmada por Zavala, este le demanda a Salomón, cubrir lo que la CFE está exigiendo, y por lo cual ordenó el corte del agua a las instalaciones del acueducto Río Colorado-Tijuana.

El documento está fechado el miércoles 6 del actual, y fue despachado este jueves 7.

Sin embargo, el gobierno de Jaime Bonilla, a través del propio Salomón Faz, anunció que la paraestatal ya les reconectó el servicio, y que de inmediato debe de estarse bombeando -de manera normal- en virtud de que ambas partes en conflicto aceptaron someterse al fallo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), basados en el reclamo que presentó el gobierno estatal.

Salomón Faz dijo a la agencia, que la Comisión Federal de Electricidad aceptó el arbitraje, porque la CRE establece la metodología de la Tarifa eléctrica.

“Con ello -explicó- CFE nos regresa energía, y se procede al cambio de suministrador E3, que es el socio de la empresa Fotovoltaica, aunque la planta todavía no opere”.

Esto, dijo, se hará de tres a cuatro días.
Pero volviendo a las cartas enviadas, estas tuvieron ya un tono de dureza en lo expresado.

En papel membretado, con el nombre de Marina del Pilar -gobernadora electa- en la carta enviada por Catalino Zavala a Salomón Faz, el primero lo emplaza para que “a la brevedad” realice las gestiones conducentes para cubrir a la Comisión Federal de Electricidad los adeudos correspondientes al suministro de energía eléctrica, que permite la operación del acueducto Río Colorado-Tijuana, dice.

También se le hace notar que: “como es de su conocimiento”, hay un artículo -que es el 54- de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que dispone que, en ningún caso, los servidores públicos “podrán realizar contratación alguna, de las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el Estado de Baja California, tres meses antes de que concluya el período de gobierno de la Administración correspondiente, salvo que exista autorización expresa del Congreso del Estado.

En ese sentido, le advierte que, de materializarse la contratación del suministro eléctrico con un tercero, que es lo que decía Faz líneas arriba, sin contar con la autorización previa del Poder Legislativo “estaría incurriendo en una falta grave que podría provocar responsabilidades administrativas, así como un severo daño patrimonial al Estado, con motivo de una actuación ilegal.

Lo anterior -se indica- sin perjuicio de otras conductas u omisiones en que pudiera incurrir.

La otra carta, la dirigida a Diego Partida Mercado -en su calidad de coordinador de Gabinete y coordinador del proceso de entrega, por parte del gobierno de Jaime Bonilla, es firmada por Marco Antonio Moreno Mexía, coordinador de enlace de Comisión del gobierno entrante y futuro secretario de Hacienda en Baja California.

En la carta que dirige al hombre, que es uno de los más cercanos al gobernador, se le recuerda que el 6 de septiembre le fue girado un oficio en el que le solicitaban iniciar con las reuniones relativas a la transición de las comisiones estatales de servicios públicos “de forma inmediata”, para que el gobierno estatal entrante estuviese en aptitud de conocer las gestiones encaminadas a la municipalización del servicio público.

Se le reclama el hecho de que a un mes de dirigido el oficio, no se haya recibido respuesta al mismo, ni tampoco celebrado las reuniones solicitadas, a pesar “de la imperiosa necesidad invocada”.

Por esto, se le conmina (palabra elegante para decir que prácticamente se le instruye u ordena) para que “a más tardar esta semana” se inicien las reuniones de transición de estas comisiones.

Y en otra parte de su texto, se le advierte que la omisión de entregar información a la autoridad entrante “es constitutiva de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos”.

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