La denuncia por el fentanilo, la presentó el gobierno de Bonilla

El “trascendido” en redes, acerca de una investigación por presumible tráfico de fentanilo en la Secretaría de Salud, así como la confirmación que este día hizo el secretario del ramo, Adrián Medina Amarillas, no es algo nuevo, sino como él dijo, viene desde la pasada administración.

De hecho, Agencia Fronteriza de Noticias abordó estos casos, tanto en esta columna, como en información publicada el 20 de mayo de 2021

http://www.afntijuana.info/seguridad/118128_vinculan_a_proceso_a_cuatro_por_disponer_de_mas_de_mil_633_cajas_de_fentanilo_inyectable 

En aquel entonces comentamos en columnas que, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico (al que ahora pretendieron vincular en algunas redes, aunque no lo confirmó en ese sentido, el doctor Medina Amarillas) ordenó presentar denuncia contra funcionarios encargados del almacén de Ensenada, que resultaban ser familiares de personajes conocidos del PAN.

La investigación pasó a la fiscalía Estatal -a cargo de Guillermo Ruiz Hernández- y se interpuso otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que los señalados, quedaron vinculados a proceso.

En la nota de mayo de 2021 comentamos que 4 personas fueron vinculadas a proceso penal por disponer de más de 1,633 cajas de fentanilo inyectado, propiedad de Issesalud, según información oficial.

Los vinculados fueron identificados como: Carlos Alejandro, Gerardo Antonio, Lorenzo, y Vladimir (N) quienes fungían como jefes de almacenes de Issesalud en las instalaciones de Maneadero, Avenida Ruiz y Colonia Vicente Guerrero.

Según esto, de enero a diciembre de 2018, dispusieron de 1,633 cajas de fentanilo de 6 ampolletas con solución inyectable de 0.5 mg de las cuales se les otorgó la tenencia más no el dominio, por lo que se les imputó por delitos que “transgreden la debida prestación de un servicio público, y los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia”.

El juez de control dictó auto en vinculación a proceso, por peculado en perjuicio de la institución, y se concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que caducaba el 20 de agosto de este año.

Sobre el caso del que ayer hablaba el doctor Medina Amarillas -que involucra a personal del Hospital Materno-Infantil de Tijuana- por “la salida anormal de fentanilo”, esa denuncia se hizo en julio de 2020, en la administración de Jaime Bonilla Valdez.

El exsecretario de salud, Óscar Alonso Pérez Rico, se dijo en su momento, instruyó a la Administradora General de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California, Yvonne Berenice Caram Alba, para que procediera al respecto.

La denuncia -según documento en poder de AFN- fue recibida por la Fiscalía General de Justicia (el sello todavía dice Procuraduría) el 10 de julio de 2020.

La denuncia y/o querella, se hizo “contra quién resulte responsable” aunque se detallan operaciones con nombres y sustancias dispuestas.

La administradora de la UNEME denunció situaciones “probablemente delictivas” cometidas durante 2019 y 2020, ya que señaló que existieron alteraciones y omisiones en el proceso de recepción, surtimiento y destino final de medicamento considerados como psicotrópicos y estupefacientes adquiridos por UNEME en 2019

La principal omisión, dijo, fue haber prescrito -con recetas médicas- estupefacientes cuyo uso y disposición es regulado por la Ley General de Salud, que, al ser verificado en los expedientes de cada paciente, se determinó que no fueron ordenados por el médico tratante, sino por una doctora a la que se señala como presunta responsable, junto con el encargado de la farmacia.

Lo utilizado con ese mecanismo fueron: 32 cajas de morfina, de 2.5 mg/2.5 ML; caja con cinco ámpulas y 64 cajas de fentanilo de 0.5 mg/10 ML, caja con 6 ámpulas, que son detalladas con los nombres de los pacientes y sus expedientes clínicos.

El fentanilo es 50 veces más peligroso que la heroína, y hasta 100 veces más que la morfina, debe ser administrado bajo supervisión médica en pacientes terminales y con cáncer, entre otros.

ANA Y CONDA
“No hay cacería de brujas”, pero... me parece ver volar escobas.

PD. - El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció una serie de auditorías que, viéndolas con detalle, corresponden a temas que fueron de interés para el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

PD1.- Esto no debería ser motivo de temor ni preocupación, pues toda administración tendría que revisar a fondo lo que se hizo, y no (como lo explicó la gobernadora), como una “cacería de brujas”, sino para castigar a quien corresponda, si es que se dieron malos manejos, o se cometieron ilícitos.

PD2.- Pero volviendo a las auditorías, pareciera que fueron seleccionadas las áreas de manera estratégica.

PD3.- Está -entre otras- la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que de todos es sabido, que el exgobernador estuvo muy pendiente, e inclusive, los primeros meses, despachando desde la CESPT.

PD4.- También decidieron revisar los contratos y operaciones en el Sistema Penitenciario, que estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, al que el exgobernador le brindó siempre su confianza, y que, además de varios asuntos polémicos que encabezó, se lanzó fuerte en contra de la ahora gobernadora.

PD5.- Otra auditoría se anunció en el Cecyte, donde el director era Jorge Alberto Castro Boozo, esposo de la ex secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, a su vez una de las “mano derecha” del ex gobernador Bonilla.

PD6.- La gobernadora habló al respecto, asegurando que el entonces director se negaba a dejar su cargo y entregar la oficina, sin embargo, cuando esto trascendió, la propia exsecretaria comentó con AFN que al director le informaron que desde el día 3 de este noviembre iban a nombrar de manera oficial a la persona a la que le tendría que entregar, y que no lo hicieron.

PD7.- Por el contrario, aseguró, lo citaron, pero sin la función pública, y señaló que querían que entregara a una persona -de apellido Centeno- que no tenía nombramiento, lo cual comentó, no era lo que la reglamentación decía.

PD8.- Aseguró que su esposo quería entregar desde el día 1, pero que en el nuevo gobierno Estatal no quisieron.

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