Energías limpias con contratos sucios

De que necesitamos energías limpias en Baja California, las necesitamos, pero no a estos costos. Y me refiero a los costos que tendremos que pagar los ciudadanos por el Proyecto de la Planta Fotovoltaica anunciado para Baja California por el anterior Gobernador Jaime Bonilla Valdez el mes de junio pasado.

Y es que, se concrete o no, a decir de la Gobernadora Marina Pilar Ávila Olmeda, una posible cancelación del mismo, pone en riesgo una inversión por 6 mil millones de pesos de los bajacalifornianos, es decir los tendrían que pagar; esto por las cláusulas de penalización.

Agreguemos a esto que, hasta el momento, aún no se cuentan con los permisos federales, ni locales para el desarrollo de este proyecto, imprescindibles para autorizar una obra de esta naturaleza y más por la política nacional energética.

Así se las gastó el Ex Gobernador Jaime Bonilla colocando la primera piedra del proyecto. Pero no lo hizo solo, recibió la aprobación del congreso del Estado, así aparece en el dictamen emitido por las comisiones unidas de Energía, Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado y posteriormente por el congreso en pleno, pero sin el visto bueno de la federación.

Ya autorizados por el congreso, pero sin permisos federales ni locales autorizados, lanzaron la licitación resultando la empresa Next Energy, ganadora de la licitación y de un contrato por el monto de 10 mil 848 millones 401 mil 236 pesos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) con vigencia de 30 años.

Este proyecto entre otros como las obras de rehabilitación de plantas de tratamiento que en el ocaso del gobierno de Bonilla fueron anunciadas con recursos aprobados por un monto de mil 374 millones de pesos, para Tijuana y Ensenada con el mismo modus operandi.  

Y de estas obras resaltan la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, asignada en la administración pasada para ser ejecutada mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP) en San Antonio de Los Buenos, por un monto de 665 millones de pesos.

Ese es parte del dilema que tiene que enfrentar la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que estos actos no queden impunes y no permita que estos pillos se salgan con la suya, y se les inicien juicios políticos para que sean sancionados por sus trapacerías.

Pues hasta ahorita no hemos visto a ningún, exalcalde o exgobernador en la cárcel por realizar este tipo de actos. Y, para ejemplos tenemos varios botones, en el estado y en los municipios, en el caso de Ensenada, hemos visto cómo los alcaldes en turno han realizado contratos leoninos como el de las luminarias, el de los de los estacionómetros, por mencionar algunos.

Es más hay alcaldes con desvíos de recursos comprobados y siguen burlando la ley y evadiendo la justicia.

Y en el Estado tenemos los contratos de las desaladoras que aunque no cumplan con el abastecimiento de agua, están obligados los gobiernos a pagar como si cumplieran con todo.

El punto es que no importa quienes arriben a los gobiernos, pues no llegan con el compromiso de realmente trabajar por los ciudadanos, sino por los negocios de los cárteles que ostentan el gobierno, que cuando concluyen sus periodos, dejan alguaciles que les garanticen las rentas mensuales que tienen que cobrar por sus jugosos negocios realizados al amparo de los gobiernos.

Dios nos agarre confesados y con harto billete que hay que pagarle a estos pillos.

*Ex diputada federal