¿Austeridad republicana?

Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos.

El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de REFORMA.

Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) vivía de su ingreso como fiscal. Estaba “sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, según escribió en su libro “Sin filias ni fobias” publicado en mayo del 2020.

Entre 2019 y 2020, Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México; otra en Querétaro a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

Reveló asimismo en mayo pasado en una entrevista de prensa que el 15 de diciembre de 2020 recibió en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María.

La residencia en Álvaro Obregón fue comprada el 21 de diciembre de 2020 y tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción.

Santiago Nieto ha confirmado públicamente que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un “crédito hipotecario conjunto” con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera electoral del INE, con pagos a 20 años.

La propia pareja reveló haber pagado 24 millones por la casa, pero conforme datos fiscales la parte vendedora declaró haber recibido 28 millones 500 mil pesos en la operación, un 19 por ciento más de lo difundido por el ex funcionario y su esposa.

El ex titular de la UIF declaró al periódico Reforma que se trata de un “crédito hipotecario mancomunado”, donde, mediante un contrato, “ambas partes sumamos nuestros ingresos para acceder a un monto mayor. En mi caso, el banco consideró mis ingresos provenientes de mi salario como funcionario público, de mis actividades académicas, de mi labor como abogado litigante y consultor, de mis contratos de arrendamiento y de mis regalías como autor de diversos textos editoriales. Todos estos son ingresos reportados ante SAT y SFP”, precisó.

Sin embargo, es necesario que se transparente por completo el patrimonio de este ex funcionario, y se dejen amparar en la protección de datos personales.