BUFADORA

 
Aunque la ley mantenerse en el cargo de Fiscal General del Estado (FGE), el abogado Guillermo Ruiz Hernández, presentó ayer su renuncia, y aunque no faltará quien pretenda defenderlo con el argumento de que lo obligaron a retirarse por cuestiones políticas, la realidad es que se tenía que haber ido desde hace mucho, porque los resultados de su gestión son alarmantemente negativos.

En los hechos de nada sirvió que la FGE se convirtiera en un organismo supuestamente autónomo, porque ha sido incapaz de investigar con éxito los delitos de alto impacto en la entidad, y ya no se diga el teatro que armaron con la pretendida intentona de detener al ex gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, porque en los últimos dos años no pudieron reunir las pruebas suficientes para encarcelarlo, como tanto lo prometió el ex mandatario Jaime Bonilla, por cierto, compadre de Ruiz Hernández.

El pretexto para abandonar la FGE fue la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que le quitará presupuesto y personal a la Fiscalía, pero en el fondo se va por su pobre actuación. No se puede defender lo indefendible.

Por cierto…

 Lo que pudiera ser buena noticia para Ensenada es que luego de una quirúrgica operación política de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que culminó con la renuncia del fiscal Ruiz Hernández, es la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se espera fortalecerá el combate al crimen y la violencia en el que urgen resultados.

Y es que se requiere de un trabajo concertado, coordinado, para devolver la paz a los ensenadenses, que ya no quieren más violencia en la otrora tranquila Cenicienta del Pacífico.

Las esperanzas están puestas en la política de seguridad de Ávila Olmeda, quien, con el aval de los cabildos a la SSC, ha demostrado su capacidad de vencer y convencer en uno de los temas que, sin duda, deben de ser prioridad en su gestión. La mandataria ya tiene las herramientas para recuperar la añeja paz ensenadense y ningún pretexto para fallar.

Sin miedo al éxito

 Si alguien del gobierno tiene la voluntad de parar cualquier inconformidad, protesta, molestia, inquietud, preocupación o necesidad de la comunidad, debe salir a buscar soluciones y dar tiros de precisión, porque cerrar los ojos es dejar crecer el problema, y si vinieron a eso, pues mejor también que cierren la puerta, porque fueron llamados a resolver problemas.

Eso es precisamente lo que está demostrando la secretaria de Pesca del Estado, Alma Rosa García Juárez, quien en menos de una semana que se manifestaron empresarios dedicados a la prestación de servicios para pesca deportiva en las oficinas de la Capitanía de Puerto de Ensenada, se reunió con las autoridades marítimas, nada menos que con representantes del Capitán de Puerto y (ajá), el Comandante de la II Región Naval, Almirante Juan José Padilla Olmos, para exponerles el problema y buscar un salida para los ciudadanos, concretamente en lo que corresponde a ciertos trámites.

Cabe destacar que no se trata de un asunto que competa al Gobierno del Estado que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero, aun así, García Juárez parece entender que a nadie le convienen manifestaciones, sobre todo cuando pueden tener una solución buscando el entendimiento por la vía del diálogo, por lo que este mosco le pone “palomita”, porque, de paso, les dio una ayudada a los nuevos funcionarios federales, deteniendo un tema que podría haber crecido más.

Por cierto, que el asunto fue llevado a la misma “mañanera” que encabezó la gobernadora el jueves de la semana pasada en la ciudad de Mexicali, por un reportero que no entendía mucho del tema, pero sí bastante de armar “boruca”, y eso pudo haber sido lo que prendió las luces estroboscópicas de la naciente administración.

Cuchillito de palo
¿Qué habría hecho en este asunto Mario Escobedo Carignan si todavía estuviera al frente de la dependencia encargada de atender al sector pesquero?

¿Revive Fuerza por México?
El magistrado electoral Indalfer Infante circuló un proyecto que propone mantener el registro del partido Fuerza por México al considerar que la pandemia afectó su trabajo político.

Infante circuló un proyecto de sentencia en donde propone revocar un acuerdo del INE y mantener el registro del partido, que no alcanzó el 3 por ciento de la votación en las elecciones del 6 de junio.

El proyecto, que se votará este miércoles en sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sugiere considerar fundados los agravios del partido de Pedro Haces, senador suplente de Morena, y dirigente sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

“Esta Sala Superior (...) considera sustancialmente fundados los planteamientos de Fuerza por México y suficientes para revocar la determinación de la autoridad electoral sobre la pérdida de su registro como partido político nacional, considerando la incidencia de la situación extraordinaria por la pandemia de Covid-19”, señala.

De acuerdo con el Magistrado, la pandemia tuvo “un impacto imprevisible en las condiciones de participación de la elección que le imposibilitaron al partido para alcanzar (sic) el umbral mínimo de votación requerido constitucionalmente para la conservación de su registro”.

Los otros dos partidos que impugnaron ante el Tribunal su pérdida de registro, y también aludieron a la pandemia, son Partido Encuentro Solidario, que obtuvo 2.85 por ciento de votos válidos, y Redes Sociales Progresistas, con 1.83 por ciento.

Sin embargo, los magistrados ponentes de esos casos que también se votarán la próxima semana -Janine Otálora y Reyes Rodríguez- proponen confirmar la cancelación de sus registros por no cumplir con el 3 por ciento.