DESDE EL VIGÍA

Incongruencias

Por Editorial El Vigía
miércoles, 10 de febrero de 2021 · 00:21

Debido a que asistieron a la final del Súper Tazón de futbol americano en Tampa Bay, Florida, fueron separados de su cargo el coordinador del Instituto de Salud del Estado de México, Carlos Aranza Doniz, así como su asesor José Fernando Gil García.

El argumento para despedirlos fue por su “falta de sensibilidad”, no obstante que al estadio sólo se permitió el ingreso de un determinado número de aficionados, quienes eran personal del sector salud que ya había sido vacunado, y que fueron invitados por la NFL en reconocimiento a su labor.

Esta estúpida medida retrata a la clase política en el poder, que se ensaña con funcionarios menores por un supuesto comportamiento inadecuado ante la situación provocada por la pandemia, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a los delincuentes de cuello blanco en el gobierno.

Si imaginan que aquí en Ensenada o Baja California cesaran de sus puestos a servidores públicos por actitudes o acciones catalogadas como impropias pero que no se sustenten en lo que marca la ley.

Y si a esas vamos, habría que mandar a su casa a los responsables de infinidad de obras que no cumplen con los mínimos estándares de calidad, o llamar a cuentas, incluso encarcelar, a quienes autorizaron la compra e instalación del “nuevo” sistema de alumbrado público en la mancha urbana de este puerto durante el trienio del profesor Gilberto Hirata Chico (2013-2016), que resultó ser un auténtico asalto al erario.

Qué tal si el gobierno no solamente despidiera, sino, metiera a la cárcel –esto si fundadamente- a quienes dejaron perder 16 millones de pesos destinados al sistema de digitalización de 146 trámites para la mejora regulatoria en la administración municipal.

Todavía no se le olvida a este mosco que, en 1995, en su campaña a la gubernatura, don Héctor Terán Terán (qepd) se comprometió a establecer un código de conducta a los integrantes de su gabinete, que entre otras cosas establecía no acudir a bares ni discotecas.

Tampoco ingerir bebidas alcohólicas en restaurantes, expresarse de manera respetuosa, no contratar a parientes ni favorecer con contratos a sus amigos, pero que luego de su fallecimiento los panistas incrustados en la administración lo dejaron de acatar, al considerarlo demasiado moralista y restrictivo.

No extraña que en tiempos de crisis se busquen chivos expiatorios para desviar la atención a fin de que los altos mandos tengan elementos para lavarse la cara ante la población, pero no se vale ponerse quisquilloso con funcionarios de menor jerarquía que, como cualquier ciudadano, tienen el derecho de hacer lo que deseen en su tiempo libre y sin cometer infracciones o delitos.

Despedir a una persona por algo que “se ve mal” o por “insensible” sin que las leyes lo determinen, en caer en los peligrosos terrenos de la intolerancia y el autoritarismo.

Claro, eso pasó en el Estado de México, pero en todas partes se cuecen habas. ¿O no?
 

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