BUFADORA

Tras comenzar ayer en Sonora una gira de trabajo por el noroeste del país, este sábado 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizará una visita relámpago a la ciudad de Tijuana, para inaugurar alrededor del mediodía un cuartel de la Guardia Nacional.

Posteriormente presidirá una reunión se seguridad, al término de la cual se trasladará al aeropuerto para viajar a Baja California Sur, donde pernoctará; y mañana domingo atestiguará la apertura de una carretera que se construyó cerca de La Paz, BCS, además de supervisar una planta de generación de energía eléctrica

Dadas las características del evento, será muy complicado que los periodistas puedan entrevistar al tabasqueño, pero lo importante es que, en la mencionada junta para replantear la estrategia para combatir a la delincuencia organizada en esta entidad fronteriza, cuyas células cometen delitos de alto impacto, en el corto plazo arroje resultados positivos.

Esperemos que acompañen al presidente el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien, si a este mosco no le falla la memoria, en lo que va de la actual administración federal no se ha parado por Baja California, al igual que el polémico director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, a quien siempre se le cae el sistema, solo que esta vez fue el eléctrico.

La cantidad de asesinatos que se registran en el Estado, principalmente en los municipios de Tijuana, Ensenada y Tecate, exige que los tres órdenes de gobierno en verdad se coordinen, depuren las corporaciones policiacas locales y se haga todo lo posible para que retorne la paz social, porque es una obligación de las autoridades garanticen la seguridad pública.

Más vigilancia y menos grilla.

Prisión oficiosa
Y ya que tocamos el tema de la seguridad, con la oposición del PAN, MC y parte del PRI, el pleno del Senado aprobó el jueves pasado la ampliación de los delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

La reforma, que adiciona el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y modifica varias leyes, permitirá, en los hechos, que inculpados sin sentencia permanezcan en prisión al menos un año.

En el nuevo catálogo figurarán los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y robo a casa habitación.

Además, el uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Silencios cómplices
Además de las activistas y representantes de asociaciones feministas, un importante número de mujeres que ocupan cargos de elección se han pronunciado públicamente en contra de la postulación de Félix Delgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero, y entre las que se sumaron a dicha petición se encuentran muchas legisladoras del partido que fundó el actual presidente de la república.

Sin embargo, aquí en Baja California las diputadas locales y federales morenistas se han autocensurado ante esta situación, como la ensenadense Miriam Cano Núñez, quien defiende con mucha pasión su postura en favor del aborto, los matrimonios igualitarios y la defensa de los llamados grupos vulnerables, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a personajes impresentables que pertenecen a la fuerza política en la que ella participa.

Es fácil cuestionar a los adversarios, pero cuando el enemigo está casa entonces invocan de inmediato la presunción de inocencia.

Y como decíamos, la campaña contra la candidatura de Félix Salgado sumó adeptos al interior de Morena.

La académica Renata Turrent, militante de Morena, consideró que esa candidatura es una vergüenza y podría cobrar factura a Morena. “Tener a un presunto violador como gobernador es un insulto para todas nosotras”, manifestó.

No tuvo de otra
En el mismo sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no tuvo de otra y expresó su posición en el caso de Salgado Macedonio, y advirtió que es responsabilidad de los partidos políticos demostrar que sus abanderados están “a la altura de las circunstancias”.

La funcionaria hizo el señalamiento luego de que mujeres y activistas que participaron en la presentación del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024 protestaron por la designación del senador con licencia acusado de violación al grito de “¡ningún violador como Gobernador!”.

Sin mencionar directamente a Salgado, remarcó que es responsabilidad y prerrogativa de cada partido proceder de acuerdo con las leyes.

Sánchez Cordero celebró que la “nueva conciencia social” permita cuestionar candidaturas de personajes acusados de haber cometido algún acto de violencia contra las mujeres.

“Hace 20 años no podríamos imaginarnos que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy esta exigencia está presente, porque para la sociedad el respeto irrestricto de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular”, sostuvo.