Apuesta peligrosa

A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, en México se multiplicaban las voces en contra de la instalación de más casinos o salas de apuestas, y entre los principales opositores se encontraban las cámaras empresariales, asociaciones civiles y representantes de instituciones académicas.

Los principales argumentos para rechazar su autorización eran que su operación estaba asociada a la delincuencia organizada, el lavado de dinero, el narcotráfico y que fomentaba las redes de prostitución, además de la enfermedad denominada ludopatía, la cual genera adicción al juego; incluso se llegó a proponer que de aprobarse tendrían que instalarse en las afueras de las ciudades.

Sin embargo, en aquella época diversas comisiones integradas por diputados federales de distintas fuerzas políticas, se dedicaron a viajar por todo el mundo para conocer cómo funcionaban los casinos, y cuando regresaron al país avalaron el incremento de las casas de apuestas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y para justificar su funcionamiento en el país los legisladores señalaban que constituían nuevas fuentes de empleo, y que los ayuntamientos podrían beneficiarse con el cobro de un impuesto especial a los casinos, y que parte de esos ingresos se destinarían para el tratamiento médico de la ludopatía, aunque hasta la fecha ningún gobierno municipal ha sido capaz de precisar cuánto recaudan por dicho concepto ni en qué lo gastan.

Desde luego hay quienes sostienen que se trata de otro negocio de entretenimiento, y que no ocasiona afectaciones económicas ni padecimientos graves en sus clientes habituales, y siempre ponen como ejemplo la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, que es la capital mundial de las salas de apuestas.

Pero si los casinos estuvieran en verdad sujetos a una estricta vigilancia y regulación, no habría sido necesario que la Cámara de Diputados aprobará reformas para aumentar las penas económicas y de prisión para quienes organicen y participen en la operación de casinos ilegales.

Mediante reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se ajustaron las sanciones actuales por considerar que son mínimas y no desalientan la instalación de centros de juego clandestinos.

La reforma prevé prisión de 6 meses a 9 años, y multa de una a diez mil Unidades de Medida y Actualización (unos 868 mil 800 pesos) a los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías, juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

La reforma también prevé una sanción de tres meses a seis años a los que alquilen un local para juegos prohibidos o con apuestas o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación.

Tales iniciativas federales sólo combaten a los pequeños casinos clandestinos, pero no incluyen las actividades de los grandes consorcios, cuyas ganancias son millonarias y que jamás se destacan por ser empresas socialmente responsables.