El desarrollo integral del sector agrario

La primera alocución del artículo cuarto de la ley agraria impone al ejecutivo federal la obligación de promover el desarrollo integral del sector rural. Luego, facilitar o generar las condiciones desde el gobierno, para que los rurales se posicionen en el desarrollo o lo consoliden en caso de estar ya en esa ruta, es indispensable en el cumplimiento de este indicativo legal.

Es destacable que en esta premisa se menciona que el desarrollo debe ser “integral”, lo que nos lleva a señalar que no bastará con propiciar el ámbito productivo, sino también las condiciones de vida de los pobladores del campo y sus familias.

Muy amplio verdaderamente este concepto, pues se refiere además del territorio, también al entorno ambiental, a la cuestión cultural, sanitaria y en general al mejoramiento de las condiciones de vida, con respeto y equidad y de manera sostenible, esto es, permanente y en forma ascendente.

Esta ordenanza en la ley agraria no deviene espontanea, sino en alcance y ejecución del imperativo constitucional contenido en la fracción vigésima del artículo veintisiete de la carta magna, a saber: …“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”…

Ahora, el legislador no se limitó a plasmar esa intención en la modificación al texto constitucional en materia agraria en mil novecientos noventa y dos, sino que además de establecerla en el multicitado numeral cuarto de la ley reglamentaria de esta disciplina, nueve años más tarde complementó la tarea creando la ley de desarrollo rural sustentable.

Es destacable que al abrir la lectura de las obligaciones legales ahí contenidas, en primer lugar se establece que son disposiciones de “orden público”, por tanto es obligación de todos cumplirlas, esto es todos los ciudadanos y todos los niveles de gobierno, sin excepción.

Enseguida agrega que están dirigidas a “promover el desarrollo rural sustentable del país y propiciar un medio ambiente adecuado”. Consecuentemente la tarea desde el gobierno es compleja, sin embargo, las acciones empezaron en el año dos mil uno, creando una red de asociaciones representativas de los productores rurales en sus diferentes ramas de producción, con el fin de participar en organismos de análisis y planeación de las actividades rurales, en conjunto con el gobierno, todo lo cual está contemplado en este último cuerpo de leyes (LDRS).

El artículo segundo describe quienes participarán en estos ejercicios, definiendo que serán los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Por tanto, el entramado legal está dado y vigente, ahora lo que sigue es retomarlo en los casos donde ya se hayan constituido los organismos y/o asociaciones de productores, además de los ejidos y comunidades, en los tres ámbitos, nacional, estatal y municipales o generarlos donde haga falta.

Todo esto entró en un periodo de letargo organizacional, derivado del desprecio y desdén en el gobierno, por todo “lo del pasado”; ante esto debe decirse que los ejidos, comunidades y productores rurales en general no tienen la culpa, ni debe envolvérseles o etiquetárseles con ideologías políticas en uno u otro sentido, porque la filosofía de los rurales es solo la producción del campo y el apego a la tierra.

Desde luego, todo lo anterior sin obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, será en vano.

Las disposiciones constitucionales existen, es decisión del gobierno ejecutarlas y detonar el campo mexicano o ignorarlas, con las consecuencias legales que su omisión le pueda traer.


*El autor especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria

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