Tokenismo político

Hace dos años, en 2019, las protestas que se sucedieron a partir del asesinato de George Floyd a manos de un policía, dieron pie a que iniciara un movimiento que denunciaba el racismo por parte del Estado ya no solo en Estados Unidos, sino en países alrededor del mundo.

Con ello, se movilizaron no solo personas, sino ideas críticas que ya se sabían, pero que, de cierta forma, aún es invisible para muchos: el racismo perpetrado a través de las estructuras del Estado.

El movimiento antirracista que ganó reconocimiento en 2019, hoy en día sigue todavía muy vigente. No es de extrañar, al ser este suceso un verdadero hito para las movilizaciones en torno a esta problemática.

Y es que la misma no es exclusiva del contexto estadounidense, así como se replica de distinta forma en muchos otros países, en México se padece de este tipo de discriminación que marginaliza, criminaliza e invisibiliza a personas racializadas y de etnias indígenas o afrodescendientes.

Para el caso de México, en este espacio ya se ha discutido cómo la Guardia Nacional, por ejemplo, funge como un brazo del Estado, el cual replica comportamientos violentos, pero también cómo estas violencias tienen un sesgo de discriminación por raza y clase.

Desde la criminalización hasta el asistencialismo, el Estado mexicano no ha hecho mucho por erradicar estas prácticas discriminatorias y, con el tiempo, esto lo hemos visto reflejado en los obstáculos que personas afrodescendientes y de etnias indígenas se enfrentan.

El primero y más importante, su reconocimiento, el hecho de que existen y que no muchas veces se les reconoce, incluso ante la ley; a ello se añade entonces el desigual acceso a oportunidades en la educación y lo laboral, la discriminación en espacios públicos y privados, la injusta impartición de justicia, la imposición de macroproyectos o programas de asistencialismo que se crean sin tomar en cuenta la opinión, visión o necesidades reales de los supuestos beneficiarios.

Paradójicamente, desde el Estado mexicano, a pesar de que estos tipos de discriminación, que van desde lo social hasta lo institucional, siguen todavía muy vigentes, la postura que se ha adoptado respecto a las personas afrodescendientes y de etnias indígenas es todo lo contrario.

Por ello, no es extraño encontrar que, de dientes para afuera, el discurso político sobre estos grupos sea uno de apreciación y de respeto.

El problema que existe con este discurso, ese que nos enseñan tanto en los libros de texto de primaria, es que es más bien un discurso paternalista que ha sido ampliamente criticado por personas de estos mismos grupos, sobretodo las etnias indígenas.

El “nuestros pueblos” que implican pertenencia, pero también asimilación, discurso que forma parte del proyecto nacional que tanto ha promovido el mestizaje, y que, como fin último, siempre ha tenido como fin último el borrado de estas etnias. Un discurso de tokenismo e instrumentalización que le permite al Estado decirse orgulloso de sus “raíces” al tiempo que expropia y explota sus tierras, les criminaliza, les marginaliza.

*Lic. en Relaciones Internacionales por el TEC de MTY campus Guadalajara

susanasilvag96@hotmail.com