EDITORIAL

¿Quién audita?

Por: Editorial El Vigía
viernes, 24 de septiembre de 2021 · 00:00

Tras darse a conocer que la actual administración federal acusa a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, de “robar” 250 millones de dólares del erario y ocultar el dinero en cuentas bancarias en Barbados y Estados Unidos, pero no cuando era funcionario, sino durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, queda demostrado que el gobierno es incapaz de auditarse en tiempo real, y que por lo tanto sí se requieren de entes autónomos que fiscalicen el presupuesto.

Según la demanda civil presentada esta semana por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami, Florida, contra ocho personas físicas y 39 personas morales, con la que busca recuperar dicha cantidad.

La demanda incluye, además de García Luna, al ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, José Francisco Niembro González y su esposa Martha Nieto Guerrero; a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y a sus socios y supuestos prestanombres, los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.

“Comenzando en 2012, y continuando al menos hasta 2018, el demandado García Luna y personas actuando bajo su dirección, ilegalmente obtuvieron al menos 250 millones de dólares del Gobierno de México, mediante un complicado esquema de contrataciones públicas ilegales, y transfirieron esos fondos a los Estados Unidos y otros lugares”, dice la demanda.

“Los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos treinta empresas localizadas principalmente en Florida, Estados Unidos, al menos treinta inmuebles, múltiples automóviles y navíos, y fondos sustanciales en cuentas bancarias”, agrega.

La demanda detalla, por ejemplo, treinta transferencias a partir de noviembre de 2015 al Occidental Bank en Bridgetown, Barbados, que sumaron 160.7 millones de dólares y se originaron en pagos del Gobierno de México.

Los departamentos motivo de la demanda se ubican en desarrollos como Icon Brickell, Peninsula Aventura y Jade Ocean, pero doce de ellos ya no son de las entidades vinculadas con García Luna, sino que fueron vendidos a terceras personas por un total de 17.2 millones de dólares, varios de ellos en 2020 y 2021.

Se mencionan también 25 vehículos, incluidos un Ferrari California, un Ferrari Spider, un Lamborghini Huracán, un Lamborghini Gallardo, un Rolls Royce Ghost, un Bentley GTC y un Maserati Levante, todos comprados por la familia Weinberg.

García Luna fue titular de la SSP de 2006 a 2012. Posteriormente se mudó a Florida y se dedicó a negocios privados de consultoría de seguridad. Desde diciembre de 2019 está preso en Nueva York, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En el sexenio de Peña Nieto, Nunvav recibió contratos de la Secretaría de Gobernación por 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares. Según la demanda, García Luna arregló “mediante sobornos, manipulación de ofertas o corrupción” que sus cómplices no tuvieran problemas” del lado del Gobierno mexicano” por dichos contratos.
 

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