“Autos chocolate” vs seguridad

Hace bien el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, en hacer su parte para que el programa presidencial para la regularización de autos “chocolate” en esta región de Baja California, tenga el éxito deseado.

Al cierre de la semana, el jefe de la comuna porteña hizo circular en medios televisivos, radiofónicos y alternativos, su invitación a la población en general para que atienda y aproveche esta oportunidad única para tratar de remediar un complejo problema que representa el exagerado número de unidades automotores sin importar que circulan como si nada.

Se trata, como es sabido, no solamente de “legalizar” el parque vehicular de los llamados “autos chocolate”, derivado este adjetivo por lo del término de “chuecos”, que es aprovechado por vivales para hacer el gran negocio con “placas de cartón” y la falsa promesa de que pronto lograrían “regularizarlos”.

Durante años, quienes se ostentan como los “redentores” con las siglas de “onapafianos” o “anapromexianos”, presumieron durante los gobiernos prianistas de un supuesto amasiato proteccionista que, decían, les hacía intocables por estar amparados por alcaldes, gobernadores, diputados locales y federales, senadores y hasta integrantes del mismo gabinete presidencial.

Su labia discursiva llegaba al punto de amenazar con bloquear las garitas o incendiar vehículos de sus “agremiados”, si las autoridades osaran contradecirlos y hacerlos a un lado para que dejaran de engatusar a ingenuos ciudadanos que se hacían o hicieron “socios” o “miembros” de sus asociaciones civiles.

Sabido es y las autoridades policiales lo confirmaron, era frecuente detectar el uso de esas unidades con “placas de cartón”, usados en la comisión de delitos graves, incluyendo homicidios y asaltos a mano armada, para luego toparse con que de nada les servía dar con los “autos chocolate” por carecer de datos registrales que llevaran a identificar a sus posesionarios o propietarios, lo cual favorecía la impunidad de delincuentes… y no es alusión a los “líderes” de las organizaciones que los “amparaban” con documentos sin valor legal.

No menos de dos décadas pasaron en ese jueguito, hasta que en las elecciones de junio de 2018, llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, y al año siguiente, hizo lo propio el senador con licencia Jaime Bonilla Valdez en la gubernatura de Baja California.

También, en el proceso electoral del 2019, llegaron a las alcaldías legítimos morenistas, entre ellos Armando Ayala Robles, reelecto ya para un segundo período, y con ello consolidar lo que surgió como un compromiso de campaña presidencial, alentado desde la administración estatal que duró dos años.

Justo es dar crédito también, en la confección de la propuesta para la regularización de autos sin importar, al ex secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo Carignan, basado en su experiencia como ex delegado federal de Economía en Baja California.

Llegó la fecha del anuncio, el 16 de octubre del año pasado en Ensenada, y con ello el arranque de un programa federal que vendrá a beneficiar a los posesionarios de esas unidades para legitimarse como posesionarios-propietarios, al tiempo que los gobiernos tendrán un registro de identidad que ponga fin a una creciente presencia de “chocolates” con sabor a impunidad.

Por ello, la invitación que formula el presidente municipal de Ensenada a los residentes de este municipio, cobra valor exponencial cuando se trata de fomentar la transparencia y la legalidad, así como la rastreabilidad que facilite tareas de seguridad y, por tanto, dar cabal cumplimiento del decreto publicado en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 19 de enero de este 2022.

Ayala Robles exhortó a aprovechar los beneficios del “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”. Este decreto presidencial otorga un plazo hasta el 20 de julio, para acudir a registrar vehículos que carecen de importación legal.

Los estados descritos en el decreto son: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Nayarit, Michoacán de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

Toca a cada entidad, estatal o municipal, alentar la regularización añorada que tiene como objetivo facilitar a las familias de condición humilde, dar legalidad a su patrimonio, como lo está haciendo ya el gobierno local ensenadense.

Aquí, en Ensenada, más que el discurso lo que cuentan son las acciones para cambiar y transformar las circunstancias actuales en las que conviven todos los sectores de la población, por tratarse de un punto de la geografía regional, donde la seguridad ciudadana está en juego y pende de un delgado hilo por la sospechosa actividad y el tránsito de criminales, involucrados muchos en el trasiego de estupefacientes de todo tipo.

A los habitantes de la “Bella Cenicienta” toca, por haber sido Ensenada la sede de la firma del presidente AMLO en el decreto que sustenta este programa institucional, dar la ejemplar respuesta ciudadana en este programa, siguiendo los lineamientos registrales y los trámites a que sean llamados.

La tranquilidad de las familias ensenadenses, como las del resto de Baja California, está en juego.

rogelio.lavenant@gmail.com