Más discusión que acción

Tras el reconocimiento de que México es uno de los países de mayor riesgo por su alta incidencia delictiva en casi todo su territorio, el gobierno ha creado una serie de instituciones para proteger a los sectores sociales más vulnerables, como lo son las mujeres, niños, adultos mayores, personas discapacitadas, indígenas y de la llamada comunidad LGBT.
Sin embargo, en el caso de los organismos oficiales a nivel estatal y federal que supuestamente tienen la finalidad de garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres que son víctimas de violencia y cualquier tipo de agresión, se limitan a organizar foros con una convocatoria muy pobre, en tanto que sus titulares se dedican a emitir pronunciamientos mediáticos que condenan los abusos pero no ofrecen datos sobre casos específicos en los que se perciba que sus programas y acciones son efectivas.
El discurso gubernamental está plagado de mensajes en favor de los derechos de las mujeres, pero los juzgados están saturados de expedientes de madres solteras que son víctimas del irresponsable comportamiento de sus ex parejas, y las estadísticas de asuntos resueltos en ese sentido en bajísima.
Por si fuera poco, de enero a septiembre de 2022 se estima que a 5.2% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas del país las ha ofendido o humillado algún miembro de su hogar. En mujeres ese porcentaje fue de 6.6 y en hombres de 3.7, refirió la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu).
Estas situaciones incluyen, por ejemplo, insultos que hicieron sentir menos o hicieron sentir mal a la persona, además de haberla corrido de su casa o amenazado con echarla, indica el estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) correspondiente al tercer trimestre del año.
También golpes o agresiones como pellizcos, jalones de cabello, empujones, jaloneos, bofetadas, patadas, golpes con el puño o aventado algún objeto. Incluso ataques o agresiones con cuchillo, navaja o arma de fuego.
Además manoseos, tocados, besos, arrimones, “recargones” o “encimones” sin consentimiento, así como agresiones sexuales.
En el mismo periodo se estimó que en 8.9% de los hogares en zonas urbanas existió algún tipo de violencia en el entorno familiar. En 27.4 por ciento de las ocasiones, las y los involucrados eran menores de edad.
Y mientras a nivel internacional sólo poco más de 30% de mujeres es víctima de violencia física, psicológica y sexual, en México alcanza hasta un 70%, lo cual es “espeluznante”, advirtió Felicia Knaul, copresidenta de la Comisión Lancet sobre Violencia de Género y Maltrato de Jóvenes. 
Para la experta, mientras la violencia contra mujeres y niños no sea considerada como uno de los principales factores de riesgo de salud, difícilmente se le dará el peso que requiere para revertirse.
“No se le ha dado el lugar que merece; no es un factor de riesgo menor”, señaló Knaul.
Aseguró que se requiere un programa y recursos para revertir la problemática y un trabajo intersectorial. 
“No es sólo un tema de salud, es educación, es mercado laboral, sector público y privado; se requiere un liderazgo”, planteó.