La mercantilización de los derechos

Recientemente, la cabeza política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció una “estrategia” que buscaba impulsar a la ciudad como uno de los principales destinos de encuentro para los llamados “nómadas digitales”, una forma de turismo que ha tomado fuerza a partir de la crisis pandémica y con la popularización del esquema de trabajo remoto. 
Por ello, la alianza realizada entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa Airbnb pone sobre la mesa la discusión sobre el derecho del acceso a la vivienda, un derecho que a pesar de considerarse como fundamental, es vulnerado de distintas formas a través de la falta de regulación sobre empresas inmobiliarias, la corrupción y el desinterés de los gobiernos locales y federal que incursionan en este tipo de prácticas.
El mercado inmobiliario es uno de los más rentables en México, pues ya no solamente vende la narrativa del aspiracionismo en términos de creación de un patrimonio y estatus a través de los bienes que ofrece, sino que ahora vende también una narrativa de inversión, donde las propiedades se convierten en un medio capital que produce “valor” a largo plazo. 
Esta financiarización de la vivienda ha reforzado entonces esquemas que propician la expulsión y el desalojo de inquilinos, las rentas o precios de compra aumentan exponencialmente, haciéndolos impagables con sueldos promedio y de la mano de la gentrificación, las ciudades parecen convertirse en centros de turismo puro y duro donde solo unos pocos pueden hacer vida y la ganancia de políticos y empresarios se logra a costa del desplazamiento de otros. 
Por ello, la alianza con Airbnb en la Ciudad de México significa para muchos la confirmación de una realidad que de a poco se ha hecho cada vez más visible, esto es que, con el paso de los años, resultará imposible tener vivienda digna. 
Lo que es peor, independientemente de Airbnb, esta situación se replica en más y más ciudades de México, donde de a poco, las empresas inmobiliarias se han apropiado de colonias enteras, generalmente reemplazando casas por edificios de departamentos que superan los millones de pesos, encareciendo los servicios de las zonas y finalmente, dejando miles de estos espacios sin habitar debido a los altos precios.
Ahora bien, a partir de la estrategia anunciada por Sheinbaum, algo que se dio a conocer fue la escala de acumulación de propiedades por parte de usuarios de Airbnb, lo que refuerza entonces la crítica de la población hacia este tipo de esquemas de turismo y vivienda, pues sólo unos cuantos acaparan las propiedades que se anuncian en la plataforma y se estima que el top 10 de estos usuarios poseen activos que juntos rebasarían fácilmente cerca de los 3 mil millones de pesos.
Lejos de seguir el propósito de economía circular o “shared economy” con la que se popularizó esta plataforma en sus inicios, la falta de regulación en el tema inmobiliario y de ley inquilinaria, así como la existencia de un sistema que por sí mismo ha dado cabida a esta crecida en términos de desigualdad, obstaculiza -y vulnera- cada vez más la oportunidad de hacer factible el cumplimiento de este derecho fundamental de conformidad con la ley nacional e internacional. 

*Lic. en Relaciones Internacionales por el TEC de MTY campus Guadalajara

susanasilvag96@hotmail.com