División de poderes

 En México la llamada división de poderes no ha podido consolidarse debido a la cultura presidencialista, y aunque se reconocen avances la prueba de fuego de nuestro sistema político se dará antes, durante y después de las elecciones de 2024, y hasta entonces sabremos si los conflictos se resuelven en los tribunales o en las calles, donde la confrontación sería abierta ante la carencia de mediadores, situación que no es deseable.

Y es por eso que, al estar en contra de la postura oficial de aprobar reformas con su mayoría parlamentaria, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández exigió que se respete la independencia del Poder Judicial.
Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución, la titular de la SCJN demandó que se califique a los jueces por sus resoluciones, no por otros criterios, en clara alusión al ambiente de tensión por las críticas que contra ella ha lanzado el mandatario federal.
También sostuvo que la Carta magna tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona.
“La dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes e, incluso, entre las naciones”, afirmó.
En su discurso, alertó sobre el riesgo de que los actores políticos experimenten una falsa sensación del “deber cumplido”, sólo por participar en la celebración anual de la Carta Magna.
“Evitemos encuentros estériles, reuniones anuales con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido. Tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución”, apuntó.
La Constitución, agregó, es un poderoso manto protector de certeza, confianza, seguridad y, sobre todo, de unión entre los mexicanos.
“Nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y -muy destacadamente- progresividad.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reconoció que hay desacuerdo sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción, y por tal motivo llamó a la reconciliación.
En medio de la disputa por el “Plan B”, de la reforma electoral, Creel, demandó al jefe del Ejecutivo, frenar la confrontación y abrir el diálogo.
“Hoy, después de dos alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado”, dijo.
El legislador lamentó que, ante la falta de acuerdos, la definición de las reglas electorales haya quedado en manos del Poder Judicial y no de los actores políticos.
“Nuevamente los acuerdos se frustran, lo que debe resolver la política y el diálogo, eso que nos toca a nosotros; incomprensiblemente, el tribunal constitucional lo tendrá que dirimir”, lamentó,
Reprochó la exclusión de quienes piensan diferente y la cerrazón ante la necesidad de diálogo con la oposición, y recordó que esa fue la constante del régimen hegemónico encabezado por el PRI.