BUFADORA

Preguntas y consecuencias

La intención de los migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, de cruzar ayer domingo por la mañana hacia Estados Unidos por la garita de San Ysidro, sólo provocó lo que todo mundo sabía que iba a ocurrir.

Cuando llegaron los haitianos a Tijuana el gobierno estadounidense también rechazó su petición de asilo político, y en el caso de los hondureños la postura de los vecinos del norte es la misma.

Aquí la pregunta es: ¿a quién beneficia más el caos, los enfrentamientos y el cierre de las garitas?, porque es obvio que este asunto no se resolverá con estampidas en la frontera más vigilada del mundo.

Donald Trump está consiguiendo atemorizar a los ciudadanos de su país con escenas como las de este domingo. De seguir así la situación no tarda el mandatario de Estados Unidos en presumir que los hechos supuestamente le dan la razón y que su repudiado muro finalmente sí es necesario. Al tiempo.

Piden austeridad
Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, llamo a los gobernadores a seguir la política de austeridad en la discusión del Presupuesto de Egresos 2019.

En el Foro Hacendario en el que se revisa el gasto público, Delgado advirtió que no habrá un pleito por los recursos federales para financiar proyectos que no tienen impacto productivo.

Manifestó que es ficción la versión de que hay finanzas sanas en el país y que la cobija de los recursos públicos es cada vez más pequeña, y por ello hay que optar por la austeridad en todos los niveles, no sólo en el gobierno federal.

En el foro en el que participaron diputados locales y federales, Delgado señaló que los gobernadores deben entrar a las medidas de austeridad, antes de pedir más recursos a la federación.

Pidió a los diputados locales que lleven la agenda de la austeridad a sus entidades, para poner orden al gasto y el endeudamiento.

También, dijo, se debe cumplir con el artículo 127 constitucional respecto a que nadie debe ganar más que el presidente.

“Ningún gobernador, ninguno, puede ganar por encima de lo que gane el presidente de la república.

“Si lo hace, estaría violando la Constitución. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos todos sumándonos a la austeridad republicana? ¿Por qué no revisamos el gasto, por qué no cuidamos cada peso que se destina, por qué no revisamos los montos de endeudamiento?”, planteó.

El morenista dijo que los recursos que se obtengan de los ahorros de la austeridad irán a programas productivos.

“Estamos en medio de una discusión en los últimos años de cómo nos repartimos un pastel que cada vez se hace más pequeño, y la realidad es que vivimos a nivel nacional en una ficción de finanzas públicas sanas”, advirtió.

La realidad, agregó, es que no hay crecimiento económico, no hubo inversión pública para alcanzar un superávit primario ante el crecimiento de la deuda, y se usaron remanentes del Banco de México para completar el gasto.

Ante ello, insistió, sólo queda el camino de la austeridad para reasignar el gasto en programas y generar a mediano plazo un crecimiento económico que genere más ingresos.

Señaló ante diputados locales que no se puede seguir gastando sin control, sin orden, y manteniendo excesos y privilegios, como en las entidades federativas, caracterizadas por el endeudamiento, el despilfarro y los casos de corrupción.

Delgado indicó que la propuesta del nuevo gobierno es no aumentar los impuestos, sino aplicar la austeridad y de ahí reasignar lo que se obtenga.

Revocación de mandato
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el petista Silvano Garay presentó un proyecto de dictamen para aprobar la revocación de mandato, que se podría realizarse en junio de 2021.

La propuesta considera un proceso que no facilita llegar a la destitución del Ejecutivo federal.

La iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, indica que en el primer periodo de sesiones, del segundo año de la Legislatura, (dentro de un año) se tendría que presentar la solicitud, por el propio presidente, el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en un número equivalente, al menos, al 33 por ciento de los de los votos válidos emitidos en la elección en la que el presidente hubiera obtenido su triunfo.

“La revocación del mandato será determinada por mayoría absoluta de votos a favor de la revocación, siempre que concurra al menos el 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal. Para el cálculo del porcentaje de participación y del resultado cuentan los votos nulos”, dice el texto.

Con cifras actuales, tendrían que participar al menos 45 millones de mexicanos para que fuera válido el proceso de revocación.

El texto agrega que cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la república contará con un plazo de treinta días naturales para impugnar dicha declaratoria ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.