Descubriendo el hilo negro

La semana pasada, nos enteramos por un reportaje, en el portal de noticias: HuffPost México, titulado: “Las viñas del poder”, lo que nosotros hemos invertido, sin saberlo, alrededor de 7.77 millones de pesos, vía nuestros impuestos, en la construcción y equipamiento de algunas vinícolas que pertenecen a políticos de alto nivel.

En lo que se supone debe ser una actividad que impulse a los viñedos, la industria vinicultora y el turismo en México, la producción de vino en la zona del Valle de Guadalupe, en Baja California, que pareciera, ha sido tocada por el tráfico de influencias.

Según este reportaje, tres vinícolas: “Hilo Negro”, “El Cielo” y “Relieve”, han recibido ayuda con recursos públicos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Economía, como parte del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, creado para impulsar la productividad de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, que se supone deben impulsar el sector agrícola y a todos los productores de vino, no sólo a tres ó cuatro, que ni la necesitan.

En las tres vinícolas señaladas, se mencionan entre los accionistas a César Camacho Quiroz, poseedor del 25% de las acciones de “Hilo Negro”; al ex diputado de la pasada legislatura federal por el PAN, el Arquitecto Wenceslao Martínez, quien es accionista mayoritario, junto con Eduardo Castillo Meraz como su socio de la empresa “Relieve Vinícola” S.A. de C.V. y al ex alcalde de Cozumel, Quintana Roo, Gustavo Ortega Joaquín, que junto a su socio José Luis Martínez Alday, son los principales accionistas de la vinícola “El Cielo”, nombre comercial de la empresa Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe. Por cierto, el señor Ortega Joaquín, además es sobrino en segundo grado de Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía Federal durante el presente sexenio que está cercano a su fin… ¡Gracias a Dios!

Tanto los titulares de la Vinícola “El Cielo”, como “Relieve Vinícola”, ya se defendieron de la publicación de Huff Post, posicionando cada quién su derecho a réplica en la que se deslindan, argumentando que la inversión es lícita; lo que no aclaran, es el posible tráfico de influencias para ser favorecidos con estos préstamos, que difícilmente obtienen los pequeños productores.

Por su parte César Camacho Quiroz, uno de los accionistas de “Hilo Negro”, no ha dicho: “ésta boca es mía”, será porque el ex coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la pasada Cámara de Diputados Federal, siempre ha “tenido un compromiso sólido, férreo, con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas”, incluso lo hacía desde que era presidente del partidazo.

“Es necesario abrir puertas y ventanas para que los mexicanos sepan cómo y en qué se invierten los recursos públicos”.

Lo cierto es que los escándalos protagonizados por familiares de funcionarios públicos y en algunos casos por los mismos, han evidenciado que el uso de tráfico de influencias y el abuso del poder son prácticas recurrentes en el país. El tráfico de influencias es una práctica ilegal que se castiga con “(…) dos años a seis años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. Sin embargo, pese a que el uso de tráfico de influencias está penado en el país, los procesos son lentos y en algunos casos no llegan a concretarse; y que muchas de estas prácticas no se denuncian porque dichas actividades se dan sutilmente, lo que dificulta la identificación de actos ilícitos.

Los ciudadanos, estamos hartos de los altos índices de corrupción y tráfico de influencias en el país, lo que ha originado una crisis de credibilidad en los gobiernos, en los representantes populares, en las instancias de impartición de justicia y en los políticos en general. La falta de credibilidad en estos entes, conlleva a una situación más preocupante: a la apatía de la ciudadanía en participar en la política, en la elección de nuestros gobernantes y de representantes populares, en la solución de los problemas de nuestras comunidades y en el país entero.

Lo anterior solo se puede lograr con una ciudadanía participativa, proactiva, exigente, comprometida y organizada; la indiferencia, la apatía y la actitud contemplativa no abonan a la solución de los problemas del país, estado o municipio.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, S.C.

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