YO SOY SAN QUINTÍN

 Ordenamiento

El ordenamiento territorial es uno de los temas si de planificación urbana queremos hablar. En el caso de Baja California, podríamos decir que ha sido una de situaciones que más efectos nocivos le provoca a la calidad de vida de la población, sobre todos a los sectores más vulnerables.

Como en muchas otras cosas, la región de San Quintín no se ha salvado de sufrir esos efectos. Una gran parte de los asentamientos humanos no tienen el estatus legal que debieran.

Desde las poblaciones “viejas” preexistentes a las delegaciones municipales, pasando por los asentamientos irregulares que surgieron cuando se puso de moda la invasión de terrenos en los primeros años de la era panista, muchas de ellas promovidas por interés político y ánimo desestabilizador del Gobierno, de aquel entonces, hasta llegar a los fraccionamientos “rústicos” en la que el propósito es meramente económico y evitar las obligaciones que la normatividad impone a quien pretenda ofrecer predios para desarrollar colonias y asentamientos en los que la certeza jurídica, los servicios públicos y la calidad de vida brillan por sus ausencia.

La buena noticia es que el gobierno actual ha mostrado interés en atender esta situación. A nivel estatal, recientemente ha sido publicado que el ingeniero Bonilla ha instruido a los funcionario a su cargo ponerse a trabajar en este tema.

En lo que nos toca en nuestra zona, otra estrellita le debemos poner a la representante de nuestro distrito electoral, es decir la diputada Míriam Cano, quien recientemente está impulsando trabajos en favor la regularización de la tenencia de la tierra en esta zona.

Al margen de la importancia e implicaciones que eso representa, como base de cualquier Administración municipal que pretenda ser eficiente y procure el bienestar social de sus habitantes, dado que es unos de los factores que resultan condición y que facilitan la inversión pública.

Lo que en primera instancia se busca no es abonarle al tema municipalista. Debemos decir que la importancia y el beneficio mayor para las familias que obtengan la regularización y amparo legal de sus propiedades, es colocarlos en mejores expectativas y muchas más posibilidades de optimizar las condiciones de sus colonias, dejando sin efecto uno de los argumentos más recurrentes por parte de los órdenes de Gobierno para destinar recursos económicos en obra pública.

Razón por la que para aquellos que consideren que no es necesario o importante contar con títulos de propiedad o escrituras públicas que amparen la propiedad y que, en todo caso, la regularización sólo sirve para que le cobren el Impuesto Predial y encarecer el valor de los predios, pues los invitamos a considerar que es mucho más que eso y que, al final de cuentas, le representa a usted y su familia más beneficios de los que pudiéramos encontrar a simple vista.

Por último, ojalá que el cambio de partido en el Gobierno y los relevos que ya se han visto en varias de las dependencias de Gobierno vinculadas con el proceso de regularización sirva para imponer las normas que aplican para la creación de nuevos fraccionamientos y no permitan, como en otras épocas, que las condiciones de vivienda sean utilizadas como bandera política, con el rezago social como costo.



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