Buscan garantizar justicia para sordos

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

La falta de traductores especializados en temas jurídicos provoca que en México muchas de las personas sordas que enfrentan problemas legales vean vulnerados sus derechos, por lo que se hace necesario regular a quienes hacen esas traducciones.

María Luisa Beltrán Reyes, diputada federal, presentó una iniciativa de ley para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas sordas o que sufren disminución auditiva.

Destacó que en el país el 33 por ciento de la población sufre dificultades en la escucha y eso deja a ese sector en condiciones de vulnerabilidad.

Beltrán Reyes explicó que habitualmente el intérprete, en su carácter de perito o auxiliar de la justicia, es una persona ajena o sin conocimiento sobre litigio judicial.

Por ello, la legisladora impulsó una reforma al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer que cuando dicha interpretación se dé en un contexto de conflicto, como en un juicio, todas las partes interesadas tengan derecho a registrar la traducción en video y demandar el peritaje correspondiente.

Barreras que limitan
Esto se corrobora -dijo- con la mención de la Federación Mundial de Sordos, que afirma: “las barreras que limitan su acceso a la justicia y a los servicios de gobierno son mayores que las inherentes a otras discapacidades”, siendo principalmente la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana con conocimientos jurídicos.

“Las personas sordas son un grupo de la población que padecen estigmatización como personas con discapacidad que requiere de una rehabilitación o intervención clínica, asumiendo con ello que la sordera es una patología que requiere de una intervención terapéutica para, paulatinamente, ser oralizados sin considerar que los sordos cuentan con un lenguaje y una cultura propia, tal como la tienen las comunidades indígenas del país”, enfatizó la congresista.