Luego de 15 años ordenan revisar gasoducto de Sempra

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Luego de quince años de haberse interpuesto un recurso contra la instalación del gasoducto de Sempra, una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal ordenó revisar si esa obra cumple con la normatividad establecida en el Corredor Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada.
Jaime Palafox Granados, abogado ensenadense, informó que el recurso de revisión se interpuso en el año 2004 y el expediente duró varios años “empolvado” hasta que a fines del pasado mes de septiembre se les avisó de la resolución final.
Explicó que en ese año (2004) un grupo de ciudadanos se inconformó jurídicamente en contra de la autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la empresa Gasoducto Bajanorte S de R.L. de C.V., para instalar un gasoducto que llegaba a las instalaciones de Sempra-Energía Costa Azul.
Dicha oposición, agregó, obedecía a que consideraban que ese tipo de actividad no era compatible con las autorizadas en el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada, conocido como el Cocotren.

Oposición a empresa
La oposición a ese tipo de instalaciones, puntualizó, Palafox Granados no fue sólo contra el gasoducto de Sempra, sino también contra otra compañía norteamericana que en esa misma época pretendía instalarse en condiciones similares y en la misma zona.
Sin embargo, señaló el abogado, el recurso contra la otra empresa si procedió y en el caso del interpuesto contra Gasoducto Bajanorte, no fue procedente y a esa compañía si se le otorgaron los permisos para instalarse.
Ante ello, dijo, siguió una larga batalla jurídica para interponer revisiones e inició un largo litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, hasta que prácticamente se consideró como un asunto olvidado.
No obstante, más de quince años después -afirmó- finalmente se resuelve en el sentido de que la Semarnat tenga que revisar la legalidad de esos permisos otorgados.