LA BUFADORA

Poder y voluntad política

El mosquito
En este espacio, en reiteradas ocasiones enfatizamos que muchos problemas y rezagos del país ya se habrían resuelto desde hace rato con sólo ejercer algo que se denomina “voluntad política”, porque la solución no era cuestión de presupuesto ni por carecer del personal adecuado, sino que el principal obstáculo siempre es que los intereses individuales o de grupo prevalecen sobre los colectivos.

Durante su campaña política en busca de la gubernatura (1995), don Héctor Terán Terán (qepd) ofertó al electorado que de ganar las votaciones enviaría al Congreso del Estado una iniciativa para que los ciudadanos pudieran ejercer la revocación de mandato, incluso todavía se recuerda su frase: “tres años pueden ser pocos para un buen gobernante, pero son demasiados para uno malo”; además, don Héctor también impuso un decálogo de comportamiento para los servidores públicos, que incluía no acudir a bares, así como tratar a la gente con sencillez y prontitud, entre otras normas de actuación.

Sin embargo, a pesar de haber mayoría panista en el Congreso local de aquel entonces, los legisladores blanquiazules mandaron a la congeladora las propuestas de ley que formaban parte de los cien compromisos de don Héctor, con el desgastado y absurdo argumento de que “todavía no son los tiempos” y apenas falleció a la mitad de su gestión echaron al bote de la basura su decálogo de comportamiento. Y todo esto ocurrió hace 24 años, casi un cuarto de siglo. Las causas de su dolorosa derrota de este año comenzaron a germinarse desde el instante que la falta de voluntad política ocasionó el incumplimiento de sus promesas de campaña. Y así le pasará a todos los partidos de ahora en adelante, pero ya no pasarán 30 años. La paciencia social se agotó con la clase política.

Consulta y revocación
Y 30 años después, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, “aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que contiene la minuta enviada por el Congreso de la Unión, la cual comprende reformas a diversos artículos de la Constitución Federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato”.

Lo que sigue ahora es que la Junta de Coordinación Política incluya este dictamen en la lista de los asuntos que se analizarán y votarán en la próxima sesión ordinaria del pleno.

La minuta aprobada establece que son derechos de la ciudadanía votar en las consultas populares, mismas que serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: para el caso de las consultas de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Asimismo, para el caso de las consultas populares en temas de trascendencia regional, competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

Por otro lado, la minuta establece que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, además de que promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.

En cuanto a la revocación de mandato del presidente de la república, dispone que se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3 por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Para que el proceso sea válido, deberá existir una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

“Palo” a notarios
A través de una nota del colega Jorge Heras, del portal digital Lindero Norte, nos enteramos que “las notarías que entregó Francisco Vega de Lamadrid de manera directa, sin hacer examen ni evaluación, serán revocadas por la actual administración estatal”, reveló el gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

“Ante el cuestionamiento sobre las irregularidades en el proceso de asignación de notarías en el último año del sexenio de Vega de Lamadrid, el mandatario estatal aseguró que ya inició el trabajo interno para comenzar con el proceso de quitar la mayor parte de las patentes de notario que fueron entregadas por el ex gobernador panista.

Una de las notarías que, dijo Jaime Bonilla, serán canceladas es la de Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la ex Procuradora de Justicia y Magistrada, Perla del Socorro Ibarra Leyva, la cual fue cuestionada ampliamente por el Colegio de Notarios de Baja California, ya que se le asignó un mes después de aprobar su examen de aspirante y sin tener conocimiento sobre la actividad notarial.