Rechaza senadora censura al personal médico

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

La libertad de expresión del personal médico y de cualquier otro ciudadano o ciudadana mexicano está garantizada por la Constitución por lo que ni el Gobernador de Baja California, ni el Secretario de Salud pueden sancionar o prohibir que se manifiesten y expresen los trabajadores del sector salud.

Gina Cruz Blackledge, senadora por Baja California, señaló lo anterior luego de la denuncia de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos por el oficio girado por Óscar Pérez Rico, en el que se pide se tomen las acciones pertinentes para que los servidores públicos del área médica no emitan ningún pronunciamiento relacionado con el Covid-19.

Se pueden establecer lineamientos o directrices en cuanto al manejo de la información, pero no la prohibición generalizada ni autoritaria al respecto, puntualizó la congresista.

Gina Cruz presentó por Oficialía de Partes, una Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y al secretario de salud de la entidad, Alonso Óscar Pérez Rico, a respetar la libertad de expresión del personal de salud que labora en la Secretaría de Salud del Estado, así como a respetar el principio de máxima publicidad para garantizar el pleno acceso a la información sobre la situación de la pandemia en la entidad.

Coartar libertad
La legisladora por Acción Nacional, manifestó que si bien es entendible que el gobierno del Estado de Baja California quiera mantener un canal único de información sobre el tema para evitar la duplicación de datos y malos entendido, no se puede llegar al extremo de coartar la libertad de expresión del personal médico.

Ya que como se establece en el artículo 6 de la Constitución: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Por lo que el gobierno del Estado debe abstenerse de adoptar medidas autoritarias que socaven la libertad de expresión de la ciudadanía, y en este caso en particular, de los trabajadores del sector salud, señaló.