Piden a Marina intervenir en problema de invasión

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Representantes legales de Javier Beltrán Gudiño, propietario de un rancho que a la fecha tiene un estimado de más de 900 familias que han ido invadiendo desde 2019, solicitaron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que intervenga para resolver la situación en forma pacífica.
Patrick Jacobs, apoderado legal, así como los abogados Félix Navarro y David Ríos, junto con residentes del asentamiento irregular Lomas del Aguajito, se manifestaron en las oficinas del Gobierno del Estado y entregaron un expediente en las oficinas de la Secretaría Particular, en el que piden a la mandataria regularizar terrenos y servicios, además de poner un alto a la violencia generada en el lugar. 
“Quiero que resuelvan todo sin violencia, ni incertidumbre y lo más pronto posible”, expresó Javier Beltrán Gudiño en rueda de prensa. 
Patrick Jacobs reiteró la petición de ayuda y apoyo a las autoridades, pues diferentes instancias de gobierno no les han dado respuesta.
David Ríos, en su participación, remarcó que Beltrán Gudiño está en derecho de estar tranquilo en su propiedad, pero se ha visto irrumpida esta situación debido a la invasión, por lo que tuvieron que interponer la denuncia de despojo en contra de quien resulte responsable. 
El Ministerio Público ha trabajado con ellos, prosiguió el abogado, pero no han visto resultados que puedan poner fin a esta cuestión. 
“Lejos de resolverlo, hemos recibido tropiezos por parte del gobierno. Queremos hacerle llegar las intenciones del señor Beltrán. No nos queremos ver en la necesidad de tener que desalojar a estas personas, pues tenemos conocimiento de que son más de 900 familias. No queremos hacer un problema social más grande y queremos resolverlo por la vía pacífica. Es el llamado que tenemos para la gobernadora”, puntualizó David Ríos. 

AUTORIDADES OMISAS
Abrahám Correa Acevedo, representante de un grupo de residentes, detalló que la problemática abarca una extensión de 120 hectáreas, en las inmediaciones del fraccionamiento El Roble, y que desde marzo del 2019 fue invadido por cientos de familias.
Debido a esto, presentaron la denuncia penal y fue abierta una carpeta de investigación, pero la Fiscalía y el Gobierno del Estado se han mostrado omisos ante el tema penal. 
Para marzo de 2020, a petición de los colonos, Beltrán Gudiño se reunió con el Indivi para alcanzar acuerdos mediante la vía del diálogo, aceptando todas las peticiones, pero tampoco se ha firmado el convenio de regularización. 
“Todo esto ha generado una situación de incertidumbre, entre los invasores, y un grupo se ha aprovechado para propiciar la violencia, tanto contra el señor Beltrán, sus representantes, como contra los mismos colonos que han estado accediendo al proceso de regularización”, afirmó Correa Acevedo.