Amparo contra cierre de oficinas de Profepa

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

El Poder Judicial de la Federación admitió un Amparo en contra del cierre de las oficinas de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Ensenada y Tijuana, informó Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C.
El recurso, explicó en un comunicado el representante de dicha organización civil, se interpuso en octubre, mismo mes en que se cerraron las oficinas de Profepa en la zona costa bajacaliforniana, al considerar que este acto violentaba el derecho humano a un medio ambiente sano y se limita el acceso a la justicia y denuncia de delitos ambientales.
Agregó que al no contar con oficinas en Tijuana y Ensenada hay un retroceso en materia de inspección y vigilancia en esos dos municipios, pero también en Playas de Rosarito y San Quintín.
Destacó asimismo que con el recurso de Amparo se activan los mecanismos legales para tener una sentencia favorable y que se realice la reapertura de ambas oficinas y que la Profepa en lugar de reducir, incremente presupuesto y presencia en esta región.
La admisión del Amparo implica que ahora la Profepa tendrá que demostrar ante un juez la validez de sus argumentos para cerrar las oficinas, sin que ello genere un deterioro en sus labores de inspección y vigilancia en cuatro de los siete municipios de la entidad.

Sin sustento por hecho
Por su parte María Inés Pérez, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) señaló que si bien bajo el argumento de la austeridad el gobierno federal anunció el cierre de dos de las tres oficinas de la Profepa en Baja California no se ofreció la suficiente información para sustentar esa decisión.
Puntualizó que el reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental en este estado, “dificulta el cumplimiento de su función de incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental”.
Añadió que: “desde el Cemda estamos apoyando esta acción jurídica porque consideramos que la buena administración de los recursos económicos no debe comprometer el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso particular nuestro derecho a un medio ambiente sano, no es posible considerar como ahorro la disminución de la capacidad de las instituciones encargadas de velar y proteger el medio ambiente”.