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Presidencia contra la transferencia de agua

La consejería del presidente, Andrés Manuel López Obrador, interpuso otra acción de inconstitucionalidad por la municipalización del vital líquido
sábado, 4 de septiembre de 2021 · 00:00

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

La Consejería Presidencial presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Decreto 289 que municipaliza los servicios de agua y drenaje en Baja California.

El todavía Consejero Jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra, presentó el primero de septiembre dicho recurso a través del oficio 1.1621/2021, dirigido al Ministro Presidente, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, en el cual se pide se declare la invalidez de la “Ley que reglamenta (sic) el servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California”.

Se hace referencia en lo particular al Artículo 84 de esa reglamentación que establece que “Los propietarios o poseedores de predios o giros están obligados a pagar el costo de las obras a los que se refiere el artículo 1 y 2 de esta ley. El importe de las obras de conducción, distribución, conexión de las redes a los sistemas generales de las ciudades, tomas de agua, descargas de aguas negras u otras serán las que fijen los Organismos encargados del servicio de acuerdo a los costos que para éstas tengan dichas obras”.

Integración de expediente
Scherer Ibarra solicita a los ministros que esta Acción de Inconstitucionalidad se adjunte a los otros recursos que fueron promovidos con anterioridad por las sindicaturas de Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali, así como también a la presentada por ex legisladores y actuales diputados locales de Baja California y todas estas inconformidades se integren en un solo expediente.

Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia ya había establecido el pasado miércoles primero de septiembre la suspensión de dicho decreto.

Asimismo había ordenado que los procesos de transferencia de los servicios de agua y drenaje ya iniciados fueran suspendidos hasta en tanto se resolvía en forma definitiva los recursos presentados -hasta ese entonces- por tres de los cinco síndicos y diez ex congresistas y actuales diputados.

 

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