Buscan frenar abusos contra paisanos

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La organización de derechos humanos ProDesc busca reducir los abusos contra trabajadores migrantes temporales en Estados Unidos a través de una plataforma que permitirá documentarlos en el proceso de reclutamiento y responsabilizar a empleadores y marcas que se benefician de esta mano de obra.

Prodesc y otras organizaciones han comprobado que los trabajadores mexicanos que van a laborar a EU con visas H2A y H2B son víctimas de abusos de reclutadores en México, que o bien les cobran altos costos para tramitar su visa y llevarlos del otro lado de la frontera, o biencometen fraude.

Además, los trabajadores migrantes muchas veces enfrentan abusos de parte de sus empleadores en EU, quienes los hacen trabajar largas jornadas, a veces por menos sueldo del prometido.

Actualmente, los trabajadores mexicanos ocupan la gran mayoría de las visas de empleo temporal agrícola y de baja calificación en EU, las cuales han aumentado 191 por ciento entre los años fiscales 1997 y 2016.

A través de la iniciativa Radar, trabajadores y organizaciones podrán denunciar cobros indebidos durante el reclutamiento de manera anónima.

A partir de los reportes, Prodesc investigará las cadenas de suministro laboral (trabajador-empleador) y de producto o servicio (empleador-marcas), para posteriormente notificar al empleador directo y abrir la posibilidad de responsabilidad solidaria por violaciones a la legislación estadounidense.

“Los empleadores pueden alegar que no tenían conocimiento de las violaciones que cometen sus reclutadores. Esa excusa legal casi siempre obstaculizaba poder llegar a una investigación más profunda”, señaló Alejandra Ancheita, directora de ProDesc.

Olivia Guzmán, del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, relató que es difícil alzar la voz en EU como trabajador temporal, pues la visa está sujeta a un solo empleador, quien no quiere tener gente que genere problemas.

No obstante, ella logró organizar a sus compañeras para exigir mejores condiciones laborales, logrando, en 2012, presentar una denuncia por discriminación laboral que derivó en una denuncia penal contra su reclutador.