Amplía ley castigo contra feminicidios

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas que amplían las responsabilidades de las autoridades estatales para atender y ejecutar alertas de violencia de género contra las mujeres.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece la responsabilidad de los órdenes de Gobierno y Poderes locales de responder a las alertas y se obliga a los funcionarios a darles seguimiento; de lo contrario podrían se sancionados por su omisión.

“Corresponderá al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género debiendo notificar la declaratoria a los tres Poderes de la entidad federativa de que se trate: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como a los ayuntamientos o alcaldías que les concierna, y a los órganos de Gobierno que en su caso corresponda.

“Una vez notificada la declaratoria, las entidades federativas, municipios o alcaldías en donde se haya cometido deberán -de manera inmediata y coordinada- implementar un plan de acción con perspectiva de género, orientado adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia, para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, señala la reforma al artículo 25 de la ley.

ESTADO RESARCIRÁ DAÑO
En el siguiente artículo se indica que ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño, conforme a los parámetros establecidos en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que el país es parte y conforme a la Ley General de víctimas.

Al considerar la reparación, éste considerará el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, y se deben investigar todas las violaciones a derechos humanos vinculados a la violencia feminicida, sancionar a los responsables y reparar el daño.

En la reforma se precisa que “satisfacción y no repetición” son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones y erradicación de la impunidad.

“Y algunas de estas medidas deben ser la investigación de los servidores públicos omisos o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad, para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente”.

DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN
Precisa, además, que las autoridades responsables estarán obligadas al diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la prevención, persecución y seguimiento de la comisión de delitos contra las mujeres.

También se tendrán que garantizar los derechos de los familiares a ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen, tendientes a sancionar a los presuntos responsables y toda medida preparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla.