Ven resistencia a cumplir 3de3

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

El aplazamiento por ocho meses para que entren en funcionamiento los formatos de la declaración patrimonial y de intereses evidencia la resistencia de la clase política a asumir la demanda ciudadana de rendición cuentas, consideraron tres de los impulsores de la llamada 3de3.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que el mandato de elaborar unos nuevos formatos para las declaraciones de los servidores públicos está en la ley desde 2016 y el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que en su Administración los funcionarios transparentarían sus ingresos e intereses.

“Con este acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ni la ley aprobada en 2016, ni el compromiso del presidente López Obrador se cumplen”, sostuvo.

En una sesión extraordinaria, el Comité Coordinador determinó aplazar por ocho meses la operabilidad de los formatos al pasar del 30 de abril al 31 de diciembre el límite máximo para que entren en uso.

FORMATOS EXCESIVOS

El diferimiento se hizo a propuesta de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien sostuvo que los formatos son excesivos en el requerimiento de información, no son interoperables con Declaranet y no distinguen entre servidores públicos con riesgo de corrupción y los empleados del sector público.

Con el diferimiento y cambios que se pretenden hacer, consideró Max Kaiser, profesor del ITAM, se corre el riesgo deslavar o descafeinar el Sistema.

Kaiser recordó que la 3de3 fue una iniciativa ciudadana que recabó 634 mil 143 firmas y que los formatos que ahora fueron aplazados ya habían sido aprobados en el seno del propio Comité Coordinador.

“Lo que yo veo en el fondo es que hay una desconfianza a lo que se hizo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo que veo es que el nuevo Gobierno no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, no le gusta que sea un órgano compuesto por diferentes órganos que el Gobierno no controla de manera directa”, consideró.

La decisión tomada ayer, dijo Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey, resulta extraña ya que cinco de los siete integrantes del Actual Comité Coordinador fueron quienes avalaron los formatos en septiembre del año pasado y ahora modificaron su postura sin dar ninguna explicación.

“La verdad me parece lamentable esta decisión, primero, porque ya habían tenido más de un año en la discusión de los formatos. Segundo, los formatos aprobados en su momento no fue una decisión unilateral, de un Gobierno o de una institución, sino fue un acuerdo votado por los integrantes del Sistema.

“Ahora, de repente, llega un nuevo integrante y bajo el argumento que es una nueva administración y que es mucha información, se patea el bote”, refirió.

Los integrantes del Comité que modificaron su postura fueron: David Colmenares, Auditor Superior de la Federación; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Lo mismo que José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien no pertenecía al Comité Coordinador en septiembre pasado, pero dentro del CPC avaló los formatos.