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Va Lozoya a prisión 15 meses después

Luego de 15 meses de ser extraditado a México, ayer un juez federal ordenó encarcelar al ex director de Pemex, al estimar que existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga
jueves, 4 de noviembre de 2021 · 00:00

Agencia Reforma
Ciudad de México

El juez explicó que la alta penalidad de los delitos que se le imputan y contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo, podrían ser aprovechados por Lozoya para huir.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del centro de justicia penal del Reclusorio Norte, impuso la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador advirtió que desde el 28 de julio de 2020, en que vinculó a proceso al ex funcionario, había dejado en claro que este caso reunía las condiciones para imponer la prisión justificada y esas circunstancias no han variado a la fecha.

Sin embargo en aquella fecha la FGR pidió que le permitieran llevar su proceso en libertad.

ELEMENTOS DECISIVOS
El juez consideró tres elementos para dejarlo en la cárcel: uno es que la penalidad de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho generan la posibilidad de que pudiera evadirse de la justicia.

Dos, que Lozoya cuenta con redes familiares fuera y dentro del país, ya que su esposa Marielle Helene Eckes vive en Alemania; y tres, que cuenta con los recursos económicos suficientes.

El juez Zúñiga previamente había autorizado solo 30 de los 60 días de prórroga que pidió Lozoya para la investigación complementaria y puntualizó que ese plazo vence el próximo 3 de diciembre.

LO REPROCHAN
La prisión a Lozoya se decretó luego de que los representantes de la FGR y de la UIF reprocharon su cena de hace tres semanas en un restaurante de Las Lomas al considerar que fue un comportamiento impropio que representa una burla para las autoridades.

“Si bien no tenía un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no”, dijo el presentante de la UIF, Antonio López García.

El fiscal Manuel Granados Quiroz también cuestionó que Lozoya no ha hecho el mínimo intento para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, que es un requisito indispensable para que la FGR pueda negociar un criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal.

“Su actitud ha sido evasiva, grosera (...) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, señaló Granados.

 

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